Rubén quiere ir a la escuela. Así empezó una batalla por la educación inclusiva

Un curso y medio sin escuela, a pesar de que está en la edad de escolarización obligatoria y tiene derecho a asistir a un centro público o concertado. Su familia y la directora provincial de Educación no están de acuerdo en qué escuela. Y el derecho a la educación de Rubén ha quedado supeditado a un proceso judicial que va camino de dos años y se prolongará, como mínimo.

Al principio Rubén se lo tomó como «unas vacaciones largas», ahora ya sabe que «algo raro» ha pasado. Por las mañanas su madre le lleva a Navatejera a una ludoteca donde realiza tareas y juega con Cristina, la educadora. Por la tarde, asiste a los programas educativos y de ocio de Amidown León. Pero desde junio de 2011 no ha vuelto a pisar la escuela, como hacen los demás niños y niñas de su edad. Su derecho está en el aire.

El 23 de enero de 2012 la sala de vistas del juzgado número 1 de lo contencioso administrativo decidía el futuro educativo de Rubén. Su padre, Alejandro Calleja, y su madre, Lucía Loma, rechazan que el chaval, con diversidad funcional por síndrome de Down, sea escolarizado en el colegio de educación especial «Nuestra Señora del Sagrado Corazón», de León y haya sido apartado de «una escuela ordinaria con los apoyos necesarios», que es lo que piden para su hijo.

Rubén era alumno desde los tres años del colegio público González de Lama de la capital. «Todo fue bien hasta el curso 2009-10. Ya en octubre empezamos a notar que se sentía inseguro y nervioso y nos decía que no estaba contento en clase», cuentan los progenitores.

Sostienen que había una «actitud de rechazo del maestro» hacia el niño y pidieron que se reconvirtiera su postura o se le cambiara de aula. En enero de 2010 el maestro quedó de baja por enfermedad. «Rubén terminó el curso normal; con la sustituta que pusieron no tuvo problemas», explica el padre.

Al curso siguiente, en 5º de Primaria, las cosas tampoco fueron bien. «El maestro (otro maestro) no quería que la ATE (Auxiliar Técnico Educativo o cuidadora) estuviera en el aula, enviaron a nuestro hijo al equipo de Atención al Alumnado con Trastornos de la Conducta y en 15 meses le sometieron a tres informes psicopedagógicos», lamenta.

La decisión de apartarle del centro ordinario fue adoptada de forma unilateral por la Dirección Provincial de Educación basándose en sendos informes firmados, el primero, por una psicóloga del equipo de orientación de León y el segundo por el equipo de orientación de Astorga, totalmente ajeno a la trayectoria del menor.

Educación inclusiva

La familia reclama el derecho a la educación inclusiva en un procedimiento especial de Derechos Fundamentales, que es la primera vez que se plantea en León en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por este motivo. En mitad del conflicto con Educación, toman contacto con la asociación Solcom que cuenta con un abogado voluntario —el conocido letrado leonés Juan Rodríguez Zapatero— para plantear los pleitos por educación inclusiva.

Cuando Zapatero inicia su caso ya tiene entre manos el de otra familia de Palencia, los padres de Daniel Gutiérrez Ortega, que acaban de pedir amparo al Tribunal Constitucional para defender el derecho del menor a su escolarización en un centro ordinario. «Llevar a un niño a un centro de educación especial sin el consentimiento de sus padres es vulnerar los derechos del niño y los de su familia a elegir dónde tiene que estar», asegura Azucena Ortega, madre de Daniel.

Lo mismo defienden Alejandro y Lucía. El informe de la trabajadora social que apoya al Rubén en su tarea de adaptación educativa fue el argumento de partida del recurso: Rubén «debe permanecer en un centro ordinario con los apoyos necesarios», señala.

En la vista oral desfilan por la sala de vistas madres del colegio y peritos, entre ellos el psicólogo Miguel Ángel Castañón que conoce y sigue profesionalmente al niño prácticamente desde su nacimiento. «La respuesta acomodaticia de los equipos de orientación al reto que supone la integración educativa de Rubén es inadecuada», subraya. El psicólogo defiende que la respuesta inclusiva al alumnado con necesidades educativas especiales «es que sean los recursos los que vayan al centro en el que se encuentra Rubén».

Los testigos, tal y como recoge la grabación del juicio, relatan «situaciones de maltrato y discriminación», más allá de lo que el padre denunció en la fiscalía de León en mayo de 2011 y que fue archivado el 4 de octubre del 2011.

La respuesta de la fiscalía, que firma el fiscal de menores Avelino Fierro, fue un varapalo para la familia: «No se aprecia responsabilidad penal en la actuación de los responsables educativos». La primera contestación, del fiscal jefe Emilio Fernández, les había hecho albergar esperanzas.

Un año después recibirían otro revés judicial. El magistrado Luis Alberto Gómez García, rechaza su recurso contra la resolución de la directora provincial de Educación de León, Mercedes Fernández Gordón, «por la que se acuerda autorizar la matriculación del hijo menor de los recurrentes en el Colegio de Educación Especial «Nuestra Señora del Sagrado Corazón» de León. La sentencia llegó justo al inicio del curso escolar 2012-2013.

Pero su postura no varió. De nuevo les llamaron del Colegio Sagrado Corazón para comunicarles que tenían la plaza disponible y una vez más dejaron claro que es «nuestro deseo que Rubén sea escolarizado en un colegio ordinario y no en uno especial».

En noviembre del 2011 recibieron el primer requerimiento de la directora provincial de Educación por absentismo escolar: «Es de esperar que la situación de su hijo se corrija de forma inmediata y asista a clase. En caso contrario se comunicará a la autoridad responsable».

El padre compareció a petición propia en la comisión de absentismo el 10 de octubre de 2011: «No nos negamos a escolarizar al niño, nos negamos a hacerlo en un centro especial porque vulnera su derecho a una educación inclusiva», respondió. «Esperamos la pronta resolución del TSJ para seguir luchando por la dignidad de nuestro hijo», alegó el padre ante otro requerimiento, idéntico, que recibieron el 18 de diciembre de 2012.

La respuesta de la directora provincial de Educación fue inmediata: «El único pronunciamiento judicial que ha habido en relación con el asunto es la sentencia número 245/2012...», advierte. Deja ver que la Comisión Provincial de Absentismo Escolar tomará cartas en el asunto.

Pero ha pasado más de un mes y no han recibido más noticias. En diciembre interponen el recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. «Los padres están ejerciendo un derecho humano que les corresponde tanto a ellos como al menor y nuestro recurso está basado en el artículo 27 (derecho a la educación) y el 14 (principio de igualdad) de la Constitución Española, así como en la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad que España suscribe en el 2008», precisa el letrado.

Alejandro y Lucía recalcan que la sentencia del Juzgado de León se refiere únicamente al curso 2011-2012. La directora provincial de Educación de León, Mercedes Fernández, ha declinado hablar sobre el caso alegando que se trata de un menor y que hay abierta causa judicial.