El TSJC insta a que las clases sean en castellano si un alumno lo pide
La Generalitat anuncia que no piensa ejecutar los autos del Supremo catalán.
El modelo de inmersión lingüística, vigente en Cataluña desde hace tres décadas y que tiene como pilar central que el catalán es la única lengua vehicular en la enseñanza, recibió ayer un nuevo revés judicial. Se trata del enésimo varapalo desde la sentencia del Constitucional sobre el Estatut del 2010, que falló que el castellano también debe ser el idioma que se utilice en las aulas, no sólo el catalán, para impartir las materias y en todos los niveles de la enseñanza pública y concertada.
Desde entonces, el goteo de sentencias, al calor de denuncias de varias decenas de padres que reclaman que sus hijos puedan ser escolarizados en castellano, ha sido incesante. Y en todas, los tribunales dieron la razón a los padres que pedían una enseñanza también en español. El Govern siempre ha afirmado que esta posibilidad ya la contempla su normativa, ya que ofrece la opción de dar una atención individualizada a los alumnos, según la cual, el estudiante dispone de los materiales educativos en español y el profesor se dirige a él en este idioma, sin separarle del grupo.
Por ello, el último revés contra el catalán y a favor del castellano dado a conocer ayer, a través de diez autos judiciales, insta a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat a introducir el castellano como lengua vehicular, junto al catalán, en las aulas donde esté escolarizado el alumno cuyos padres hayan solicitado por vía judicial la atención en español. La interlocutoria del TSJC hace referencia a diez casos concretos y por tanto la decisión judicial obliga a impartir la enseñanza bilingüe en diez clases en total, de cinco colegios de Barcelona, tres de Tarragona y dos de Girona. No sólo los niños cuyos padres han reclamado que el castellano sea lengua vehicular recibirán enseñanza en español, sino por extensión todos sus compañeros. La interlocutoria del TSJC, no obstante, no concreta cómo debe aplicarse este bilingüismo, ya que afirma que es potestad de la Generalitat establecer la proporcionalidad entre ambas lenguas.
El Govern catalán, en cualquier caso, anunció ayer que no ejecutará los autos del TSJC, porque están recurridos y cree que el Supremo acabará dándole la razón. «No es viable aplicar estas medidas porque, por un caso en particular, no se tienen en cuenta los derechos de los otros padres», dijo la consejera de Educación Irene Rigau.