Sólo los colegios privados apoyan la reforma, Cataluña se alza
La oposición se lanzó en contra de la nueva ley de educación nada más terminar la comparecencia de José Ignacio Wert tras el Consejo de Ministros. El PSOE prometió que si vuelve a la Moncloa cambiará una ley que recupera «el catecismo, la segregación y la desigualdad», según apuntó Elena Valenciano. La vicesecretaria general del PSOE comentó que la nueva norma quiebra el principio de igualdad y que dará lugar a «menos calidad». Asimismo, apuntó que el Ejecutivo ha demostrado «su incapacidad para el diálogo» para llegar a un acuerdo con el texto definitivo, que los socialistas intentarán cambiar en las Cortes.
Un texto que no ha gustado nada en la Generalitat catalana, que lo califica de una «herida enorme» al autogobierno, además de plasmar decisiones «imposible de cumplir», según apuntó la consejera de Enseñanza de la Generalitat. Irene Rigau hizo referencia a que el Estado avanzará los costes de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que lo pidan. Esos fondos se restarán de las partidas que vayan a Cataluña.
«No es una ley pedagógica, es una ley recentralizadora», indicó. «Es un ataque al modelo de inmersión lingüística en Cataluña», afirmó por su parte el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antonio Duran Lleida.
El PNV adelantó que no descarta acudir al Tribunal Constitucional para evitar que el Gobierno atraviese las «líneas rojas». Incluso Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, criticó que se apliquen «leyes rodillo» en temas tan sensibles como la justicia, la educación, la ciencia o la sanidad. En su blog se mostró en contra de la «segregación escolar» y la alteración de «las bases éticas sobre las que se asienta la educación».
En las aulas, Wert solo encontró el apoyo de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). Los colegios privados son el único apoyo de Wert. Ni siquiera Escuelas Católicas están de acuerdo con el texto a pesar del impulso a la enseñanza de la religión en las aulas. Este colectivo de 2.000 colegios consideró que la norma empeora «la autonomía pedagógica y organizativa de los centros», además de no suponer «avances en el régimen de conciertos educativos»
En cuanto a los sindicatos, CSIF fue el más contundente en su rechazo, ya que considera que es una «ley muerta, con poco recorrido y que durará lo que dure el ministro».