Wert marca las reválidas como las líneas rojas de la reforma educativa
El ministro apuesta por pactar algunos aspectos ante el poco apoyo de los partidos.
El ministro de Educación, a su llegada al Senado.
No hay tregua. Desde que el Consejo de Ministros aprobara el pasado viernes la reforma educativa los reproches mutuos entre partidarios (Gobierno y PP) y detractores (toda la oposición) de la normativa no han dejado de producirse. Y pese al llamamiento al diálogo desde ambas partes ninguno está dispuesto a ceder en sus posiciones de máximos. El último en marcar sus líneas rojas fue el ministro, José Ignacio Wert, quien defendió ayer las evaluaciones —reválidas— al final de cada etapa como irrenunciables e insistió en la necesidad de estos exámenes para mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
«Nuestra disposición es buscar un acuerdo más amplio, sin renunciar a los pilares fundamentales de la ley», explicó Wert durante el Foro de Madrid, organizado por el PP madrileño. Y entre lo irrenunciable se sitúan las evaluaciones al final de cada etapa, un aspecto criticado por la oposición y los sindicatos al considerar que establece una segregación entre alumnos buenos y malos. Por contra, el ministro consideró que estos exámenes, que se realizarán al término de la ESO y Bachillerato (los de Primaria competen a las comunidades autónomas), serán «uniformes, estandarizados, externos y nacionales».
La defensa del titular de Educación continuó por la tarde en el Senado con la defensa del proyecto de la Lomce. Y en la Cámara alta pudo comprobar que no tendrá nada fácil sumar el apoyo de ningún grupo de la oposición durante la tramitación parlamentaria de la Ley. De hecho, todas las intervenciones de los senadores hicieron hincapié reiteradamente en la «soledad» de la mayoría absoluta del PP.
Sin embargo, consciente de que parece casi imposible lograr un respaldo mayor, el Gobierno parece conformarse con acuerdos puntuales. «Si no es posible un acuerdo global de la ley, al menos sí en los elementos estructurales de la normativa para salvaguardarlos de los vaivenes de la controversia política». Wert también negó que el dictamen del Consejo de Estado rechazara la reforma al considerar que «ni una sola observación fue de carácter esencial».
Además, insistió en que cada recomendación del órgano consultivo obtuvo una «cumplida respuesta» en la redacción final de la ley. La financiación pública de los centros con segregación por sexos fue otro de los puntos de confrontación. Wert relativizó la importancia de esta medida al recordar que estos centros solo representan el 0,65% de los existentes en el sistema educativo que aglutinan a un 1% de los alumnos. Sin embargo, apoyó que este modelo «minoritario» esté incluido en la norma siempre y cuando respete la convención contra la discriminación en la enseñanza.