El Gobierno pone fin a las aceiteras rellenables en bares y restaurantes
Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el consejo de ministros de ayer.
En un lado de la mesa, los productores y los sindicatos agrarios. En el otro lado, los consumidores y los hosteleros. En medio de la mesa, el oro líquido, el aceite con el que los españoles rehogamos todas nuestras comidas. El elemento fundamental de la dieta mediterránea. Ninguna de las partes cuestiona todos los beneficios que tiene este producto, del que España es el primer productor mundial. Pero sí se plantean muchas dudas sobre los beneficios de la última decisión del Consejo de Ministros de ayer: la eliminación de todas las aceiteras rellenables de los establecimientos de hostelería —350.000 en toda España—, restauración y empresas de catering
La nueva norma entrará en vigor el 1 de enero, aunque contempla la posibilidad de que los establecimientos utilicen los productos adquiridos antes de fin de año hasta el 28 de febrero. Después no tiene que quedar ni rastro de las aceiteras rellenables. Su lugar lo ocuparán envases etiquetados y «previstos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización y disponer de un sistema de protección que impida su rellenado una vez agotado su contenido original», según dicta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).
Es decir, que el Ejecutivo solo quiere botellitas, tarrinas de plástico o sobres con aceite. Una medida que aplaude el sector porque considera que se va a poner en valor al óleo; en cambio, los hosteleros y los consumidores la ven con un ojo puesto en la cartera.
Los hosteleros temen, sobre todo, que al comprar en pequeñas unidades la misma cantidad de aceite que ahora, los costes aumenten.
El otro problema, en el que coinciden con la Confederación de Consumidores y Usuarios, es el medioambiental. Con esta medida se van a generar más desechos de plástico, además de retirar los millones de aceiteras irrellenables. Gallego también señaló que se producirá un desperdicio alimenticio
El sector oleícola y los comunidades autónomas productoras se mostraron encantados con el Gobierno por esta medida, sobre todo después de que la Unión Europea frenara una normativa similar por las presiones de diferentes países. «Es tremendamente beneficioso para los consumidores», indicó Eduardo Martín, responsable de Asaja Sevilla