TRIBUNALES
La Fiscalía deja fuera del caso Madrid Arena a cargos políticos municipales
Pide mantener 14 imputaciones pero levanta 10, incluidos los responsables políticos .
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, y el fiscal jefe provincial.
La Fiscalía pide la apertura de juicio oral para catorce imputados en el caso Madrid Arena y el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez personas, entre ellas los responsables de la cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, y el fiscal jefe provincial, José Javier Polo, han considerado en una conferencia de prensa que la investigación judicial del caso está «agotada». La Fiscalía presentó ayer un escrito instando al titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, que investiga la muerte de cinco jóvenes a consecuencia de una avalancha humana el 1 de noviembre de 2012, a dictar el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.
El Ministerio Fiscal solicitó la imputación formal del empresario Miguel Ángel Flores, así como de trabajadores de Diviertt, Seguriber, Kontrol 34, Madrid Espacios y Congresos (Madridec) y los responsables de la asistencia médica en el evento, los doctores Simón y Carlos Viñals.
En concreto, planteó la imputación del director general de Diviertt, Santiago Rojo; el jefe de personal de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo; el director del Departamento de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor; el coordinador de Proyectos del Departamento de Operaciones de Madridec, Francisco del Amo, y el técnico de Operaciones de Madridec, José Ruiz Ayuso.
También reclamó la imputación de los coordinadores jefes de Seguriber, Juan José París Nalda y Raúl Monterde; el jefe de equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero, el vigilante de seguridad de Seguriber Roberto Mateos y los socios de Kontrol 34 Carlos Manzanares y Emilio Belliard.
La Fiscalía considera que los hechos son «indiciariamente» constitutivos de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y nueve delitos de lesiones que se deben imputar a las doce personas citadas.
Para el Ministerio Público, los doctores Simón y Carlos Viñals han de ser imputados como coautores de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. Moix apuntó que la avalancha no fue «un accidente», sino que fue «un hecho previsible y perfectamente evitable», que se produjo como consecuencia del proceder «inadecuado y falto de las cautelas precisas» por parte de las personas contra las que debe seguir el procedimiento.
Los doctores Simón y Carlos Viñals se ocuparon de dos de las fallecidas en la enfermería e hicieron «una primera actuación errónea», puesto que «diagnosticaron que se encontraban fallecidas cuando estaban simplemente en situación de parada cardiorrespiratoria», explicó Moix.
Para el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, los responsables políticos del Consistorio madrileño no tuvieron una participación directa o indirecta en el desarrollo del evento.