La ley del Tercer Sector regulará la actividad de las organizaciones sociales
El Consejo de Ministros aprueba hoy dos anteproyectos sobre las ONG y los voluntarios.
El ministro de Sanidad y Servicios Sociales, Alfonso Alonso.
La crisis económica las ha puesto al límite. Ni son empresas ni administraciones públicas, pero sienten que su actividad no está bien regulada, y que eso dificulta aún más su labor. Las ONG reclaman desde hace años una norma que les dé carta de naturaleza, las defina, y que potencie su papel dentro de la sociedad. Ayer, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, confirmó que el Consejo de Ministros aprobará hoy dos proyectos de ley con este objetivo. El de la ley del Tercer Sector y el de la reforma de la ley del Voluntariado, que no ha cambiado desde 1996. Ambas, se prevé, por vía urgente para que estén las normas listas antes del fin de la legislatura.
«Los dos marcos jurídicos son una novedad y suponen un reconocimiento expreso de quiénes somos y de qué papel jugamos en la sociedad», aseguró Luciano Poyato, presidente de la Plataforma Tercer Sector -que aglutina a algunas de las principales organizaciones sociales del país- y de la Plataforma del Voluntariado en España. Este sector, explicó, integra a más de 30.000 organizaciones en todo el país, emplea a más de medio millón de trabajadores y coordina a más de 1.100.000 voluntarios. «Piensa que ya hay más de 9 millones de personas en riesgo de exclusión social», recalcó.
Políticas públicas
Otra de las reivindicaciones históricas del sector es que se estableciesen vías para la participación de estas organizaciones en las políticas públicas. «Tenemos que tener voz», reclamó Poyato. «Somos los que estamos más cerca de la exclusión social y deben contar nuestras propuestas». Gracias a la nueva ley, afirmó, pretenden ejercer un nuevo liderazgo «como parte de la sociedad civil».
Cooperación
Aunque ambas iniciativas legislativas parten del Tercer Sector, se han elaborado con su cooperación y, en general, reciben su apoyo, ninguna contempla una de sus reclamaciones fundamentales: establecer un sistema que ayude a que las organizaciones cuenten con recursos económicos más estables. Tanto en la vía fiscal como en la de la financiación.
La reforma de la ley del Voluntariado, por su parte, pretende resolver muchos de los déficits regulatorios de esta actividad. «Han pasado 19 años y había que adaptarla a la nueva realidad española», afirmó Poyato. «Hay muchas personas con ganas de participar y hay que definir cómo. Que cualquiera pueda hacerlo, porque España está por debajo de la media europea y hay que intentar hacerlo más accesible: regular los derechos y deberes del voluntario y algo importante, que no puedan reemplazar empleos».