El envejecimiento que se apodera de España reta al Estado del bienestar

En menos de dos décadas los mayores de 65 años representarán casi un tercio de la población española. En la actualidad son aproximadamente uno de cada cinco. Este aumento precipitado, argumenta PwC en un informe sobre la España del 2033, pondrá al límite el Estado del bienestar. Sobre todo en lo que respecta a la atención sanitaria y a la dependencia, que necesitarán más recursos para atender a todos aunque la proporción de trabajadores en activo -que pagan impuestos- será menor.

«En los países industrializados está aumentando progresivamente el número absoluto de ancianos. España presenta una situación y unas perspectivas particularmente críticas», explica el informe. Según sus cifras, en 2033 habrá casi cuatro millones de personas con más de ochenta años en España, y serán un 8% del total. Hoy son 2,3 millones y representan algo más de la mitad del conjunto de dependientes. El reto de atender sus necesidades presentes y sobre todo futuras todavía no se ha afrontado de forma definitiva. Aunque no faltan propuestas de solución.

«El Estado del bienestar se tambalea, las presiones demográficas y fiscales ponen en duda la sostenibilidad del modelo que se había tenido hasta ahora», asegura el informe, que afirma que «los gobiernos europeos ya no pueden solos con sus mayores». Explican el ejemplo de Países Bajos, que afirman que limita la asistencia pública en centros subvencionados a las personas que no pueden valerse por sí mismas y que no cuentan con una red familiar de apoyo, una política que reconocen que ha generado un fuerte rechazo social. A largo plazo, sentencia el documento, «las medidas son ineludibles, pero está claro que la solución no podrá ser el abandono sino la creación de nuevos espacios público-privados».

Frente a este punto de vista, desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apuestan por que el Estado invierta más en sus mayores. «Aquí hemos empezado a desmantelar el Estado del bienestar antes de implantarlo por completo», asegura José Manuel Ramírez, presidente de este colectivo. «De media, en Europa se invierten tres puntos más del PIB en protección social». Desde su asociación consideran que el reto del envejecimiento es «una oportunidad para la inversión social porque permite crear empleo y una sociedad más justa». Por cada millón de euros invertido, afirma, se generan entre 28 y 40 puestos de trabajo «estables y que no se van a ir a China porque resulte más barato». Un 37% de la suma destinada, asegura, revierte a su vez en las arcas del Estado. «Y además ahorra costes sanitarios porque el Sistema Nacional de Salud es magnífico y bastante eficiente en atención primaria y de casos agudos, pero los enfermos crónicos le provocan un sobreesfuerzo», recalca.