Sanidad niega amenazas a las CC AA, que seguirán asistiendo a irregulares

La advertencia del Gobierno a las comunidades por la forma en la que devuelven la sanidad a los inmigrantes irregulares ha provocado que éstas, que seguirán adelante con la restitución de este derecho, la hayan visto como una «amenaza», un extremo que el Ministerio de Sanidad ha negado.

«En ningún momento se ha amenazado a ninguna comunidad, se ha constatado un hecho», recalcó el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, quien recordó que la voluntad del Ministerio es mejorar la asistencia sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’.

Hizo hincapié en que el problema radica en cómo las comunidades elaboran sus respectivas normas, porque —dijo— una tarjeta sanitaria «genera una serie de derechos en los países de la UE», y si las regulaciones contemplan a los irregulares pero no a los ciudadanos comunitarios que residen en España desde hace más de tres meses y que ya no disponen de seguro en sus países de origen, estos últimos podrían «sentirse discriminados».

Desde el PP, se ha pedido al PSOE que no hiciera demagogia, después de que su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, calificará de inaceptables las «amenazas» del Gobierno. Para el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, también el Gobierno y el PP «acostumbran muchas veces a lanzar amenazas que no controla», mientras que el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha tildado de «vergonzosa» e «irresponsable» la advertencia de Sanidad.

Las comunidades autónomas también reaccionaron. Así, el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, hconsideró que las «amenazas» del Ejecutivo «están fuera de lugar», al igual que el de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, quien opinó que «están fuera de lugar» y que en su comunidad la mayoría de los inmigrantes ya están siendo atendidos.

Desde la Generalitat Valenciana, que aprobó en julio la asistencia universal para los que irregulares empadronados desde hace más de tres meses, su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, insistió en que recuperar la sanidad universal es una cuestión de «sentido común» y de «derechos humanos», al tiempo que ha cuestionado que sea sancionable.

Documento

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se manifestó al respecto para anunciar que entregará en los próximos meses a los inmigrantes sin papeles un documento para que puedan recibir atención primaria y especializada que no podrá emplearse fuera de la región.

Algo similar a lo que hará Madrid, ya lo hace Galicia que desde agosto de 2012 atiende a ‘sin papeles’ con el requisito de estar empadronados seis meses si bien tampoco les concedió la tarjeta sanitaria sino un documento del Servicio Gallego de Salud.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León han descartado que el aviso de Sanidad vaya a tener efecto porque en esa región se ha atendido a los inmigrantes y se les ha pasado la factura a los que no tenían tarjeta sanitaria, independientemente de que la paguen o no, por carecer de recursos.