‘Sin papeles’ doblemente excluidos
La asociación Reder denuncia los efectos del decreto impulsado por la ex ministra de Sanidad Ana Mato que limitaba la atención en la sanidad pública.
Más de 1.500 personas ‘sin papeles’, entre las que se incluyen menores de edad, mujeres embarazadas y usuarios del servicio de urgencias, vieron vulnerado su derecho a recibir atención sanitaria entre enero de 2014 y julio de 2015. Estos son los datos que ha recopilado la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de la Reforma Sanitaria (Reder), asociación integrada por más de 300 organizaciones que defienden el acceso universal a la salud.
La Reforma Sanitaria aprobada en 2012 por la entonces ministra Ana Mato fue muy polémica y suscitó protestas tanto en el ámbito de los profesionales sanitarios como a escala política, por excluir a miles de inmigrantes que no tenían el permiso de residencia en vigor del Sistema Público de Salud. De hecho, varias Comunidades Autónomas se negaron a aplicar el Real Decreto Ley 16/2012 y pusieron en marcha diferentes fórmulas para garantizar el acceso a la Sanidad a los colectivos a los que se les había retirado la tarjeta sanitaria.
No obstante, Reder denuncia en su informe ‘Radiografía de la reforma sanitaria’, presentado ayer, que las vías alternativas de acceso a la Sanidad habilitadas por varias autonomías son «claramente insuficientes y no han venido acompañadas de la necesaria voluntad política para hacerlas efectivas».
Procedencia
Tal es así que el 73% de los casos documentados por la asociación procede de territorios donde existían programas sanitarios o normativa autonómica creados específicamente para atender a las personas excluidas por la reforma de 2012, según explicó Sagrario Martín, presidenta de Médicos del Mundo, una de las organizaciones que conforman la red.
La vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, María Fernández, aseguró que la implantación del decreto de forma diferente en cada Comunidad Autónoma ha creado distorsiones entre los profesionales sanitarios. «Los centros de salud -dijo Fernández- reciben diariamente circulares muy confusas». Desde Reder insisten en que «cualquier medida que tomen las comunidades autónomas serán meros parches» y entienden que la única solución es la revocación del Real Decreto.
Entre las más de 1.500 incidencias reunidas por Reder en poco más de un año, se encuentran 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares y otras ocho de otro tipo de enfermedades degenerativas, más 28 casos potencialmente mortales si no reciben el adecuado seguimiento y tratamiento.
Una de las conclusiones es que esta situación de desatención médica «no se corresponde con casos excepcionales debidos a errores puntuales del sistema, sino que se trata de una auténtica exclusión generalizada que dista mucho de ser universal y se aleja ostensiblemente de los principios rectores que definen el Sistema Nacional de Salud español desde 1986».