Las víctimas de la trata serán indemnizadas con las incautaciones

Son 510 corrientes, los caminos conocidos por el que transitan engañadas millones de mujeres que sueñan con un mundo mejor y lo que realmente encuentran es un sórdido burdel para ser explotadas sexualmente o una casa donde son tratadas como auténticas esclavas. Y estas rutas son solo las que son conocidas, según señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). «Son cifras mínimas, la parte visible del fenómeno de la trata de personas, y es probable que las cifras reales sean mucho más elevadas», estima el organismo de Naciones Unidas.

En este mercado en el que se usan a 21 millones de personas, hay dos corrientes claras: las mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual -sobre todo Europa y Asia Central- y el uso doméstico -Asia Oriental y Pacífico-. En España, los focos de captación se sitúan en Rumanía, Bulgaria y Nigeria. Forman un colectivo, según señaló ayer Alfonso Alonso, de unas 45.000 mujeres. Para intentar acabar con este tipo de explotación, además de la actuación policial, el Gobierno aprobó ayer el segundo plan integral para luchar contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Un proyecto que expirará -en principio- en 2018, que cuenta con 143 medidas y un presupuesto inicial de 104 millones que se repartirán en esos cuatro años. «Hay un problema detrás de esas luces de neón», señaló Alfonso Alonso en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

El plan se basará en cuatro ejes fundamentales. En el primero, la detección y prevención, se esbozará a través de una campaña de sensibilización para hacer ver a los demandantes de estos servicios del drama que viven muchas de estas mujeres, que llegan engañadas a España. Alonso apuntó que en los primeros meses del año, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han realizado 462 operaciones contra la trata, en el que se han producido 1.450 detenciones y se han detectado a más de 14.000 víctimas potenciales, la mayoría de ellas rumanas, españolas, dominicanas, colombianas, brasileñas y paraguayas.

Precisamente el desmantelamiento de estas redes servirá para financiar el tratamiento y la recuperación de estas víctimas. El Gobierno quiere aplicar la misma política que se sigue con las incautaciones de los narcotraficantes, donde los bienes decomisados se destinan para las organizaciones que tratan a las víctimas de las drogas. Se aplicará la misma fórmula para las mujeres que escapan de la esclavitud sexual.

El tercer pilar de este plan será el de la identificación, protección y asistencia a las víctimas, sobre todo de las más vulnerables, como son las mujeres con discapacidad, madres con hijos menores o las mujeres con menos de 18 años que son explotadas sexualmente. Alonso anunció que se propondrá fomentar la contratación mediante bonificaciones a la Seguridad Social de las empresas. El cuarto y quinto pilar de este plan incide en el conocimiento de las redes de trata. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere que este plan transversal analice los perfiles de las víctimas y de las redes criminales para conocer mejor la incidencia de esta lacra en España y en los países del entorno.