Cinco años sin formación sexual
Como en los años 80. Así son las prácticas de la Junta de Castilla y León en políticas anticonceptivas. La denuncia la hace la Federación Estatal de Planificación Familiar en un informe en el que deja en evidencia que el gobierno autonómico no ha adaptado su normativa a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo..
Una pareja conversa en un banco de un parque en Madrid. J. C. CÁRDENAS
carmen Tapia | león
La Junta de Castilla y León no ha realizado ninguna campaña de sensibilización y formación sobre anticoncepción a la gente joven en los últimos cinco años. Tampoco dispone de un protocolo específico sobre cómo debe ser el consejo asistido en anticoncepción para garantizar la elección informada del método, su correcto empleo, la continuidad en el tiempo y, por tanto, la disminución del riesgo de embarazos no planificados. Sólo financia el DIU de cobre. Ni parches, ni anillo vaginal, ni preservativos ni píldoras del día después están sufragados por la sanidad pública. La financiación de Essure e implantes depende de la decisión de la dirección de los hospitales. La denuncia la hacen los profesionales de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) en su informe El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas, presentado en Madrid.
La situación de Castilla y León no es única. La ginecóloga Concepción Martín, miembro del equipo que ha elaborado el trabajo, asegura a este periódico que hay cinco millones de mujeres en edad fértil en España que no han recibido formación específica en los últimos cinco años. «Castilla y León es una de esas comunidades que no ha adaptado la organización de sus servicios a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo». El 44% de las comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla y León, no disponen de normativas o programas propios de anticoncepción. Estas comunidades se rigen por lo establecido en la cartera de servicios del antiguo Insalud y su correspondiente Plan de atención a la mujer que data de los años 80.
La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva recoge recomendaciones y medidas que garantizan la puesta en práctica de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2010. El objetivo general de esta estrategia era ofrecer una atención de calidad a la salud sexual y reproductiva en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, casi todas las comunidades autónomas incumplen las recomendaciones de la ley. «Eso significa que se presta poca atención a la juventud», asegura Concepción Martín. «Se las excluye del conocimiento. Disponen de información pero no tienen el conocimiento adecuado».
Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual, la demanda de información de las mujeres está relacionada primeramente con la anticoncepción (55,5%) y la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (46,4%) en todos los grupos de edad. Los varones hubieran deseado tener información acerca de los métodos de prevención de ITS y VIH (50,7%), seguida de los métodos anticonceptivos (47,7%). «Se puede decir que sigue habiendo un alto porcentaje de mujeres que no utiliza métodos anticonceptivos (por lo menos de forma regular) o que cuando los utilizan, éstos no son los más eficaces o no se utilizan adecuadamente», se puede leer en el informe.
La coautora del informe, Concepción Martín, insta a los gobiernos autonómicos a lanzar campañas informativas actualizadas con los tiempos en los que la tecnología debe servir de ayuda para divulgar los mensajes. «Ya no funciona eso de los folletos. Las pocas iniciativas que hay para lanzar campañas de sensibilización no tienen continuidad y tampoco se evalúa el impacto».
La cuarta parte de las mujeres en edad fértil no utiliza ningún método anticonceptivo. «Sin embargo, Castilla y León tiene la tasa más baja de abortos. La razón no la hemos analizado, puede ser porque haya poca población, poca población joven o que las mujeres que se quedan embarazadas sin planificarlo siguen adelante con la gestación».
Desde la FPFE se defiende información de otro modelo de sexualidad «que no esté orientada al coito exclusivamente».
El informe deja en evidencia la desigualdad del mapa en materia de anticoncepción en España. Estas desigualdades son significativas debido al diferente modelo y funcionamiento asistencial, la ausencia de protocolos y normativas o la falta de desarrollo y aplicación de las existentes, y las distintas políticas de financiación de los métodos anticonceptivos adoptadas por los servicios de salud de las comunidades autónomas.
A la cola de Europa
España es uno de los países de la UE que menos anticonceptivos financia, tampoco los más modernos y, además, son pocas las campañas de sensibilización que ponen en marcha las administraciones sobre estos métodos para evitar embarazos no deseados y abortos.
El informe, tal y como explica la ginecóloga Concha Martín ha sido elaborado a partir de los cuestionarios que han respondido «informantes clave» que trabajan en Administración sanitaria y la única comunidad autónoma de la que no han podido extraer datos es el País Vasco.
Los «obstáculos» identificados en el informe para el acceso a los anticonceptivos son la falta de apoyo institucional y la ausencia de protocolos con criterios comunes.
