«Las mujeres no somos más duras impartiendo justicia»

ana gaitero | león

Es la primera mujer que se puso la toga de jueza en la provincia de León. María Dolores González Hernando, la histórica titular del Juzgado de Instrucción número 7, se incorporó a la carrera judicial en noviembre de 1980. Ocho años después de que, por primera vez, una mujer accediera la judicatura en España. Fue María Jover Carrión, jubilada en 2013 y que en 1972 ganó por oposición la plaza del juzgado de Fraga (Huesca).

«En mi promoción fue cuando empezó el boom de las mujeres en la carrera judicial, estábamos en plena transición a la democracia y no hacía muchos años que se nos había abierto a las mujeres la posibilidad de ser jueces», señala esta leonesa con raíces en Boñar tanto por parte materna y como paterna.

Hasta el año 1966 las mujeres tuvieron vedado el acceso al poder judicial en España. Ni juezas ni fiscales. Las mujeres no se consideraban aptas para ejercer las profesiones relacionadas con la administración de justicia porque estos trabajos «exigían actitudes contrarias a la delicadeza de las mujeres», según argumentaba la ley de 1961 que, paradójicamente, abría la puerta a las mujeres al mundo laboral en España, después de todas las discriminaciones impuestas por la dictadura franquista.

María Dolores González Hernando nunca se había imaginado con una toga. Estudió los tres primeros cursos de Derecho en el Colegio Universitario de León San Raimundo de Peñafort y los dos últimos en Oviedo, a cuya universidad pertenecía el centro leonés en aquel tiempo. «Yo me había imaginado trabajando en la administración pública, pero al terminar la carrera había varias compañeras que se pusieron a opositar y me decidí a dar el paso», explica. El fiscal Javier Amoedo fue su preparador. A su madre le sorprendió mucho tener una hija juez y su padre, que era policía nacional, se sintió «muy satisfecho». «A ellos no les importaba lo que fuera, sino que lo hiciese bien y fuese una persona independiente», aclara la magistrada. Una chica corriente de León llegaba a un espacio reservado hasta hacía poco a las élites.

En 1980 tuvo su primer destino en El Barco de Valdeorras (Orense). Después pasó por los juzgados de Distrito de La Bañeza y Salamanca y en 1983 llegó a León. Desde 1990 está al frente del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de León. «En 1989 llegó Pilar García Robles, que hoy está en la Audiencia Provincial de León», apunta. Vivió su debut con «responsabilidad y queriendo poner en práctica todos los conocimientos en beneficio de la administración de Justicia y de los ciudadanos».

Pese a ser la primera mujer en llegar a aquellos destinos iniciales «nunca tuve la sensación de que chocara en el ambiente. Recuerdo el cariño del recibimiento y el respeto». No niega que el cargo ayudaba: «En todos los destinos ibas como una autoridad judicial y prevalecía el cargo sobre cualquier prejuicio de género», añade.

En 1991, fue elegida Mujer Trabajadora del Año por el Centro de Asesoramiento y Promoción de la Mujer. La periodista que cubría la sección de tribunales en Diario de León, Astrid Rodríguez, le preguntó si las mujeres eran más duras que los hombres administrando justicia. Y ella respondió: «No, no es cierto. La mujer al desempeñar el papel de juez lo hace con una preparación técnica y jurídica y tiene que aplicar el derecho con toda la relevancia que tiene, igual que lo haría un hombre». Sigue pensando lo mismo.

Le tocó lidiar la agitada vida municipal de principios de los 90 en León y se convirtió, en contra de su voluntad, en una jueza mediática. El cierre del matadero de León o el escándalo de la incineradora que quemaba residuos de Andalucía hicieron correr ríos de tinta. Causó mucho revuelo, aunque no trascendió, una orden de detención contra un responsable municipal del momento si no se paralizaba.

La sentencia del caso del balonazo —un accidente en un patio escolar que dejó parapléjico a un niño— fue el detonante de los seguros de responsabilidad civil para el personal docente de Educación y de un enfado sonado de los directores de centros. La Audiencia Provincial de León rechazó sus argumentos, pero el Supremo los avaló y aumentó la indemnización de 28 a 32 millones de pesetas por la demora.

Los tiempos han cambiado desde que llegó aquella joven a la judicatura leonesa. «La sociedad ha evolucionado y es más exigente, impulsando la tranformación de la justicia de forma que garantice los derechos de los ciudadanos». María Dolores González defiende las ventajas de la oficina judicial: «La función del juez, como dice la Constitución, es juzgar y ejecutar lo juzgado. Se debe gestionar la oficina judicial con los nuevos medios digitales y sobre todo con recursos humanos», recalca.