‘Incapacitados’ en ciudadanía

cristina fanjul | león

«Mi hijo y yo hacemos una trampa. Él me dice a quién quiere votar y yo le cedo mi voto». Víctor Manuel Pérez Gómez es uno de los cien mil ciudadanos españoles que no tiene derecho al voto a causa de su discapacidad intelectual, enfermedad mental o daño cognitivo. Lo ejerce gracias a que su madre renuncia al suyo. Y lo hace así desde 1996, año en el que votó por primera vez. Fue la primera y la última en la que ejerció ese derecho. Poco después, la progenitora pedía su incapacitación en el juzgado con el fin de poder administrar sus bienes y la resolución establecía la privación del sufragio. «Fui al fiscal, al Procurador del Común, volví a ver al juez, nada... Me dijeron que contra una resolución judicial no se puede hacer nada. Teresa Gómez Florano lleva 21 años de lucha para restituir a su hijo un derecho que ella considera se le arrebató de manera injusta. «Nadie me informó de las implicaciones que tenía. Fíjese que no es sólo que no pueda votar. Ni siquiera puede coger el bus él solo. Si se respetara la resolución del juez mi hijo estaría condenado a estar a mi lado las 24 horas del día», lamenta Teresa, que explica que, a posteriori, le dijeron que debería haber acudido al juzgado con un abogado para que me asesorara. Mi problema es que fui demasiado confiada».

El 28 de diciembre de 2016, el Tribunal Constitucional rechazó la petición de una familia para que su hija con discapacidad intelectual pudiera votar. Por esta razón, los integrantes de las asociaciones Down España, Cermi y Plena Inclusión se concentrarán hoy ante la sede de esta institución para reivindicar el cambio de la Ley Electoral y que todas las personas con discapacidad puedan votar sin excepción.

Y es que la privación de este derecho tampoco se produce de manera ‘democrática’. Hay personas con discapacidad que pueden votar. Andrea Herrero, una joven de 20 años con síndrome de Down lo hace. Ya lleva tres elecciones. Sus padres la incapacitaron con el fin de prorrogar la patria potestad, «pero yo hablé con la juez y le dije que quería que se le respetara el derecho al voto», subraya su padre, José Antonio, que considera una «anormalidad» que a estas personas se les someta a un examen para saber si saben lo que votan. «Si salimos ahora a la calle y preguntamos quién es el presidente del Tribunal Constitucional o el ministro de Justicia, si preguntamos por el programa electoral del partido por el que se ha votado, estoy seguro de que la mayoría no lo sabría», lamenta el padre de Andrea. José Antonio asegura que la incapacitación de un hijo es un proceso doloroso. «Tienes que demandarle, y durante el proceso, a un lado está tu hijo y, al otro, tú. Además, si quieres revertir el proceso es muy complicado porque el mismo forense que firmó la incapacidad es el que se encargará de deshacerla», critica Herrero. Los padres y tutores consultados consideran que lo injusto no es sólo que se prive del derecho del sufragio a estos ciudadanos, sino la arbitrariedad con que se hace. «Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué es posible que haya una concejala con síndrome de Down mientras que miles de personas ni siquiera pueden acudir al colegio electoral a votar por ella?», se preguntan.

Vicente Valenciano ha votado siempre, desde que cumplió 18 años, y nunca ha dejado de hacerlo. También tiene una discapacidad intelectual. «Si le dijera que no puede votar....» Su hermano Felipe resopla de manera expresiva cuando se imagina esta posibilidad. «Siempre vota a quién quiere, y siempre, desde que comenzó a votar, lo hace al mismo partido. ¡Si hasta se enfada conmigo si no voto lo que él quiere! Siempre le digo que tenía que haber sido sindicalista», dice con humor.

Teresa Gómez Florano asiente mientras escucha estas palabras y asegura que Víctor le pregunta la razón por la cual le hizo «eso». «Él no lo entiende. Me dice que sus amigos votan. Ya no le dejo venir al colegio electoral, porque sigue sacando el carnet de identidad, aunque yo le diga que no, que no puede...» José Antonio Herrero lamenta que la sociedad no reaccione, ni los partidos políticos, ni el Gobierno. «Estamos luchando por la integración y luego les quitan el derecho al voto. Además, esta situación va en contra de la Convención de las personas con discapacidad», denuncia.

Protesta ante el Constitucional

Hoy está prevista una concentración por el derecho al voto de las personas con discapacidad. Plena inclusión, Cermi y Down España se han unido en esta concentración después de que el Tribunal Constitucional no aceptara un recurso de la Fiscalía que pedía que una joven gallega con discapacidad pudiera votar. El Tribunal no admitió a trámite el recurso de amparo presentado por la Fiscalía General del Estado por la vulneración del derecho al sufragio de una ciudadana gallega con discapacidad intelectual. El pasado mes de diciembre, tras el anuncio de la ministra Dolors Montserrat de que cambiaría la Ley Electoral para generalizar el voto entre las personas con discapacidad, el Tribunal Constitucional anunció que no admitía a trámite un recurso de amparo de la Fiscalía General del Estado que solicitaba la restitución del derecho al voto de esta joven. La concentración tiene como finalidad reivindicar el derecho al voto de casi 100.000 personas que no pueden ejercerlo por tener una sentencia de modificación legal de su capacidad, y de otras muchas que, pudiendo legalmente votar, no pueden acceder a la información y el proceso electoral en igualdad de condiciones que el resto.