Mujeres encadenadas al matrimonio

cristina fanjul | león

«Hay muchas mujeres refugiadas en León que han tenido matrimonios concertados. La mayoría proceden del África Subsahariana, de países como Irán, Afganistán o Pakistán». La abogada de Accem, Natalia Cañiz García, asegura que esta práctica no ha sido nunca causa de petición de asilo. Precisa que, sin embargo, en la asociación no se ha dado ningún caso de denuncias por menores obligadas a contraer matrimonio contra su voluntad. Por otro lado, deja claro que es un tipo de violencia que la mayoría de las mujeres no contempla como tal, por lo que no denuncian. Asimismo, sostiene que, sin perder de vista el factor religioso, se trata de una lacra que se genera en ámbitos tribales y en el ámbito rural.

Ayer mismo, la Policía Nacional y la Guardia Civil detenían en Segovia y Pamplona a siete personas que formaban parte de una organización dedicada a concertar matrimonios forzados de jóvenes rumanas, muchas de ellas menores de edad, a las que además obligaban a prostituirse. Se liberó a siete víctimas, entre las que se encontraban tres jóvenes de 13, 16 y 17 años utilizadas presuntamente para convenir matrimonios forzados mediante contraprestación económica.

David Moya, profesor de Derecho Constitucional del Observatori Dret Public iDP de la Universitat de Barcelona es el director, junto a la profesora de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona Sonia Parella, de un proyecto inédito en España con el que tratan de descubrir cuál es la realidad precisa de los matrimonios forzados y la mejor manera de acabar con ellos. La investigación, que aún está en fase incipiente, tiene dos vertientes. En la primera de ellas se abordará un estudio de campo con entrevistas y análisis de mujeres y hombres —también los hay— afectados por este tipo de violencia. Asimismo, el proyecto trata de bucear en la manera de gestionar el problema, tanto desde el punto de vista del Derecho como desde el abordaje social y la prevención.

David Moya incide en una cuestión fundamental: la fragmentación del Derecho en lo referente al matrimonio y el entorno familiar. Y es que el corpus legal español no recoge la presencia de determinados fenómenos —como el de los matrimonios forzados— porque no ha tenido que enfrentarse a ellos hasta ahora. Así, hace referencia a la ley de violencia de género, que no puede aplicarse a estos casos puesto que la violencia no la ejerce el marido o la pareja sino la propia familia. «Además, nuestro enfoque defiende que el abordaje no puede centrarse tan sólo en el judicial y policial puesto que si limitas el problema a un delito no lo resuelves», defiende. El profesor añade que, además, hay muchas zonas grises que hay que tener en cuenta. Así, destaca que un matrimonio de conveniencia no es un matrimonio forzado, puesto que en muchos casos se da un consentimiento válido, una edad mínima y la comprensión de lo que el ‘contrato’ comporta. «Si no hay coacción en los contrayentes, no puede hablarse de matrimonio forzado», sostiene. Y es que David Moya asegura que en muchas ocasiones la persona reconoce por tradición que sus padres están en mejores condiciones que ella para encontrarle pareja. El profesor pone como ejemplo China, un país en el que los matrimonios concertados son comunes debido al rol que los padres juegan en la sociedad. «Esto no quiere decir que los hijos no tengan estrategias para negociar, para retardar o para elegir», asegura Moya, que añade que el problema comienza cuando el espacio de negociación comienza a estrecharse tanto que desaparece el margen de consentimiento.

Divorcio

David Moya incide en que en el caso de los matrimonios forzados se dan muchas variantes, como la imposibilidad de acordar un divorcio, un extremo en el que también se anula la voluntad. «Además, en el caso de los matrimonios transnacionales se complica el análisis jurídico».

Por todo ello, el especialista defiende la importancia de contar con las propias comunidades para abordar el problema, porque a su juicio los instrumentos de reacción pueden resultar traumáticos incluso para las propias víctimas. «Si alguien tiene que denunciar a sus padres, probablemente no lo hará», asegura., y defiende la importancia de poner en marcha medidas de prevención en los colectivos foco que «sabemos que existen». Por eso, reitera la dimensión que la comunidad y la familia juega en este tema porque son los que permiten que se lleve a cabo una «renegociación de las figuras en el ámbito privado».

La educación es otro de los focos en los que trabajar con el fin de retardar la edad de matrimonio. «Hay que invertir más porque se ha demostrado que cuanto más se prolonga la educación, más se empoderan las mujeres y menor es la tasa de matrimonios forzados», manifiesta.

Por último, asegura que la autonomía económica de las familias también va en detrimento de esta ‘tradición’ y asegura que, si bien se da en familias adineradas, es menos frecuente puesto que el matrimonio sigue siendo en muchos casos un «ascensor social» en ciertas comunidades.