León cambia de piel

La ciudad renueva su piel. Después de varias décadas de expansión hacia fuera, la crisis de la construcción alentó las reformas y demoliciones de edificios en áreas consolidadas, tanto del casco antiguo como, sobre todo en los últimos tiempos, de los barrios que lo abrazan.

Un centenar de edificios se han derribado entre 2013 y 2017, según datos del Ayuntamiento de León, cuyos técnicos tienen que autorizar los expedientes. Se trata de inmuebles que carecen de una protección específica, salvo excepciones como la llamada casa más antigua de León en la carretera de los Cubos y cuyo derribo justificó la concejala de Urbanismo, Ana Franco, por motivos de seguridad.

La actividad de piquetas y palas se ha hecho más visible en los últimos meses, si bien la realidad estadística certifica que los años de más actividad de expedientes de demolición en el Ayuntamiento de León fueron el 2013 y el 2014, según datos de la oficina de Obras del Ayuntamiento de León.

En ambos ejercicios, fueron aprobados 25 expedientes de demolición —en total 50—, es decir, la mitad de todo el período, mientras que en 2015 las solicitudes tramitadas y aprobadas descienden a 15, en 2016 a 18 y en 2017 a 16. En total suman en los cinco años 99 expedientes de demolición.

El arquitecto técnico municipal Mariano Fernández Pérez señala que la implantación de la ITC (Inspección Técnica de Construcción) para edificios con más de 40 años de antigüedad ha sido un factor añadido a la crisis para impulsar la renovación urbana en el ‘interior’ de la ciudad. «Como consecuencia de la ITC, en muchos casos es más interesante demoler que rehabilitar», explica.

También ha habido casos de ruina inminente, cuya demolición ha tenido que asumir el Ayuntamiento de León después de avisar al propietario sin que éste respondiera. Así ocurrió hace cuatro años en la calle Herreros.

Una intervención de este tipo puede llegar a costar 30.000 euros que difícilmente se recuperan. La única vía es la expropiación, que puede gestionar el departamento de urbanismo previo acuerdo.

Las brigadas municipales obligan a hacer determinadas reparaciones por caídas de tejas u otros defectos detectados en inspecciones o mediante denuncias. Si se comprueba que el edificio está en un estado cuyo valor de reparación supera la mitad de su valor se procede a declarar la ruina. Pero, por regla general, «evitamos ordenar demoliciones, se tienden a prescribir reparaciones», matiza. Si la propiedad no atiende a las prescripciones municipales existe la posibilidad imponer multas como medida coercitiva cuyo importe asciende a un 10% mensual del valor de lo

En los años 80 y 90, se demolieron multitud de edificios en el casco antiguo. Fue la época en la que se aprobó el Plan Especial de Protección de la Ciudad Antigua (Peca) y se produjo una importante actividad constructora en la zona histórica de la capital.

En el último lustro esta actividad se ha trasladado a los barrios de San Claudio, Santa Ana, El Espolón, El Ejido, San Lorenzo y todos los que rodean a la ciudad antiguo los que más actividad de derribos han registrado.

Según el técnico municipal, la mayoría de los edificios que se han demolido en este período son anteriores a la década de los 60 y en muchos casos con antigüedad cercana a cien años.

Un expediente de demolición suele ser rápido, entre dos semanas y 20 días por término medio, en condiciones normales.

Producto de la demolición son solares que han quedado liberados para una pronta construcción frente a la fuente de Santa Ana, donde la antigüedad del edificio y de sus usos comerciales, quedó patente al salir a la luz los gigantes bocoyes de barro que quedaron en su interior. O el de la esquina de Álvaro López Núñez con la plaza del Espolón y con trasera a la Era del Moro: ‘La casa del abogado’ la llamaban.

Demoliciones que cambian la fisonomía de calles y de la ciudad en su conjunto, como el de la Avenida de la Facultad recientemente derribado o incluso el antiguo INSS, derribado por aluminosis y amianto, y levantado de nuevo con una fachada acristalada.

La ciudad muda la piel y olvida, como sucedió con el rollo de Santa Ana, víctima de la piqueta en los años 80.

Si los edificios tienen algún tipo de protección, como sucede en el caso de la que fue casa de Vela Zanetti, en la plaza Don Gutierre número 6, la ejecución del derribo y las condiciones tiene que someterse a la comisión territorial de Patrimonio.

En este caso, una de las primeras casas de viviendas de principios del siglo XX la anterior propiedad buscó declarar la ruina del edificio para poder deshacerse de los inquilinos. El asunto llegó a los tribunales y el abogado municipal defendió el criterio técnico de que no se daban las condiciones para la declaración de ruina, ganando el primer contencioso en León.

Cuando el caso estaba en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, la nueva propiedad desistió del procedimiento judicial al llegar a acuerdo con los inquilinos. Entonces tramitó el expediente de demolición. Se trata de un edificio diseñado por Manuel de Cárdenas cuyo gemelo ya fue vaciado y reconstruido con la misma fachada.

Aparte de las pinturas de la primera época de Vela Zanetti, que se conservan en la segunda planta, en la que fue casa de la familia y donde vivió el pintor hasta los 23 años, esta vivienda albergó en su planta baja la imprenta y redacción de La Democracia, periódico que desapareció con la Guerra Civil, y posteriormente a las Bodegas Manchegas, de las que no sólo se conserva el cartel exterior sino también los depósitos y la traza de estos almacenes que surtieron a la ciudad en los tiempos en que se vendía el vino a granel.

Este edificio tiene un nivel de protección 4 que implica la obligación de conservar la fachada, pero no el interior. La propiedad actual ha encargado un informe arqueológico e histórico del edificio y ha propuesto desmontar las pinturas y trasladarlas a un hostel que quieren abrir en la parte trasera del solar, con salida a la plazuela del Conde.

«Hemos ganado todos los casos en los que la propiedad quiere declarar la ruina para deshacerse de los inquilinos. Es una práctica de siempre», explica el letrado municipal Antonio Polanco. Cuando hay discrepancia los técnicos municipales hacen un informe previo que se coteja con el de la propiedad. «Si se llega al contencioso se recurre a un tercer informe», aclara.

Otro caso emblématico es el número 2 de la Conde de Rebolledo, propiedad de la Fundación Álvarez Carballo, que ha instado la declaración de ruina de la casa que linda con las que el ayuntamiento derribó por peligro sobre la muralla romana. En 2011, los servicios jurídicos desestimaron el recurso de reposición que buscaba la ruina y en 2012 se inicia un pleito cuya sentencia, de abril de 2017, desestima nuevamente la ruina. El caso está en Valladolid.