La norma sobre purines
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Un informe elaborado por el servicio jurídico de Coag advierte de que las ordenanzas municipales que regulan el vertido de purines, estiércoles y residuos de origen ganadero «invaden» diferentes competencias del Estado y de las comunidades. Por ello, la organización aseguró que actuará «a todos los niveles que sean necesarios» con el fin de «defender» el interés de ganaderos y agricultores que continúan con el desarrollo normal de su actividad para garantizar «vida y riqueza» frente a los que «solo quieren pueblos para los fines de semana».
Según este informe, entre otras normas que vulneran las ordenanzas a las que nos referimos se encontrarían la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados; el reglamento (CE) 1774/2002 del Parlamento y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por la que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León; y el decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas.
A su vez, esta extralimitación competencial está avalada por diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), como la dictada en el recurso 731/2016, que anuló una ordenanza municipal sobre explotaciones apícolas, y que concluyó que «no existe ningún título competencial sectorial que permita o justifique el dictado de la ordenanza impugnada». COAG reclamó «cordura y sentido común» a los regidores municipales para que paralicen «de inmediato» la tramitación de aquellas ordenanzas sometidas actualmente a información pública y deroguen aquellas otras ya de aprobación definitiva, porque van más allá del ámbito competencial que les corresponde, además de que contravienen o vulneran la legislación de rango superior ya existente al respecto. «Eso evitará muchos problemas a los ganaderos, así como innumerables reclamaciones y recursos en los juzgados para los ayuntamientos», trasladaron a través de un comunicado.