No hay represalias para Boliden
Desacuerdo de las asociaciones ecologistas por eximir a la empresa que vertió sustancias tóxicas en la mina de Aznalcóllar en Sevilla de pagar casi 90 millones
Las organizaciones ecologistas muestran su malestar y sorpresa ante el fallo de un juzgado de Sevilla que exime a la empresa Boliden de pagar los casi 90 millones de euros que le reclamaba la Junta de Andalucía para las labores de limpieza de los casi seis millones de metros cúbicos de vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
Portavoces de Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción consultados por EFE coinciden en que la empresa «sale favorecida» con el fallo del juez del Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla, tras no cumplir con las labores de limpieza que le exigía la Junta de Andalucía tras y además haberse «beneficiado del cobro de subvenciones».
La portavoz en temas de minería de Greenpeace, María José Cabello, ha señalado que el fallo, que se puede recurrir, deja al medioambiente y a la sociedad «completamente vendida ante las grandes empresas».
La Junta hasta ahora sólo reclama el dinero de la limpieza, pero «nadie ha hablado de los 5.000 empleos y los 11.000 millones de euros que se perdieron», según Cabello, quien ha subrayado que «si la justicia ni siquiera considera que las administraciones tienen el derecho a recuperar lo que han empleado en limpiar lo que destrozan las empresas, se ve, una vez más, que son las grandes empresas las que se salen con la con la suya».
Cabello explica que «Boliden había hecho una serie de promesas» y ahora no está obligada a cumplirlas a pesar de que ya son 25 años desde la catástrofe que inundó más de 60 kilómetros de vertidos tóxicos. El portavoz de WWF Juanjo Carmona ha señalado que antes del juicio ya advirtió que esto «era lo más probable que sucediera», porque «la legislación en su momento no obligaba a asumir determinados riesgos y se puede decir que la situación sigue igual», porque «los ganadores del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar han vuelto a crear una empresa instrumental». Carmona explica que «la empresa no invirtió en seguridad en su momento» y las administraciones archivaron las diferentes denuncias, por lo que «las consecuencias son las que se están viendo».
Incide en que en España no sólo «quien contamina no paga, si no que salió (Boliden) favorecida en el cierre, y han sido los ciudadanos los que han pagado esto con su bolsillo».
El portavoz de Ecologistas en Acción, Cristóbal López Pazo, ha subrayado que Boliden «elude pagar» por su responsabilidad en el desastre ecológico de Aznalcóllar «gracias a la laxa legislación española respecto a la protección del medioambiente y sobre todo gracias al entramado societario del que se dotó Boliden para evitar pagar indemnizaciones o sanciones mediante la quiebra de la empresa pantalla Boliden Apirsa». Subraya,«la industria minera elude la Justicia con mayúsculas y se libra de pagar sanciones e indemnizaciones, gracias al entramado societario», algo que, según el portavoz de Ecologistas, «no hubiera ocurrido si la administración andaluza no hubiera permitido el recrecimiento de la balsa y hubiera realzado medidas de control».