Nueva normativa
PP y Vox aprueban en CyL la Ley de Discapacidad con la oposición en contra
Los socios defienden una norma como garantía de una vida independiente y el PSOE cree que no hay gasto adicional
Fernández Mañueco se reúne con las asociaciones de discapacitados tras el pleno. JCYL
Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, con los votos a favor de PP y Vox, la ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, mientras Por Ávila se abstuvo y el resto de la oposición —PSOE, UPL-Soria YA, Podemos y Francisco Igea— optó por el ‘no’. Los dos socios de gobierno defendieron que supone un avance en derechos y en una atención adaptada a las necesidades vitales, lo que cuestionó el socialista Rubén Illera que tachó la norma de «trampantojo», y Soria YA que criticó que no atienda las diferencias entre el mundo rural y el urbano.
Durante el debate en el pleno, que siguieron desde la tribuna de invitados representantes de diferentes asociaciones de la discapacidad, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, defendió que la norma situará a Castilla y León a la «vanguardia» porque recoge un sistema de apoyos y recursos «más flexible», con el objetivo de hacer efectivo el derecho a una vida independiente y la plena inclusión.
E Grupo Popular rechazó todas las enmiendas vivas de los socialistas y Soria YA al considerar que el texto ya atendía las diferencias entre los ámbitos rural y urbano y recogía algunas de las propuestas socialistas, mientras otras las descartó por estar recogidas en otras leyes o por no ajustarse al ámbito competencial de la Comunidad. Además, resaltaron el respaldo del colectivo, que había puesto en duda el PSOE.
La defensa
El procurador de Vox Javier Teira ofreció una «mirada filosófica» y «racional» para defender una ley «útil» e inspirada en el imperativo «ético y político» de atender las necesidades de las personas más débiles. «Es una exigencia y una necesidad», dijo. Además, respaldó esta norma que a su juicio se enfrenta al «socialismo» y al «fascismo», que unió, y la «liberticida» Agenda 2030.
En un turno de explicación de su voto, el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, aseguró que se había silenciado intencionadamente a 180.000 votantes, porque no se aceptó una prórroga para presentar enmiendas, ya que a su juicio algunos entienden la política desde la «venganza». Además, argumentó que es una ley que no garantiza ni los derechos, ni los recursos, porque carece de poder coercitivo.
El socialista Rubén Illera expresó su «más sincero descontento» y «enérgico» rechazo a una norma que tildó de «trampantojo» y sobre la que reclamó mejoras con casi un centenar de enmiendas. A su juicio, la Junta pretende «endosar» la responsabilidad de los cuidados a familiares y organizaciones sociales, y señaló que no garantiza unos recursos humanos mínimos y de calidad.
La ‘popular’ Noemí Rojo rechazó los argumentos y defendió la utilidad de la norma porque aseguró supone una «garantía» sobre la atención en todas las etapas vitales.
El procurador de Soria YA Juan Antonio Palomar defendió siete enmiendas parciales y planteó que se garanticen todos los servicios previstos en la norma también en el medio rural.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades presentó a la cámara una ley «pionera» con la que la Comunidad «avanza» en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad al garantizar un proyecto de vida «digno» e «independiente», basado en sus «preferencias» y «capacidad de decisión».