Una ley contra el maltrato a las personas mayores
El Congreso de los Diputados admite a trámite una ILP de una asociación granadina para proteger este colectivo vulnerable con una norma específica
Un hombre con bastón sale de un establecimiento.
La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), propulsada por la Asociación por el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE) 'Candelaria' de Granada, que tiene como objetivo la aprobación de una Ley que garantice los derechos, la dignidad y la seguridad de las personas mayores, «estableciendo un marco legal específico para la prevención, detección, atención y erradicación de cualquier forma de maltrato hacia este colectivo»."Las razones que nos impulsaron a presentar esta iniciativa ante el Congreso es solucionar un problema que está patente en nuestra sociedad. Es cierto que se ha legislado en beneficio de nuestras personas mayores, pero no se ha terminado de hacer el camino. Nosotros, como asociación que vela y asiste al mayor en todo, estamos detectando esta problemática, que es silente en la mayoría de los casos, que se detecta de una manera indirecta y que se produce dada la vulnerabilidad de este colectivo por cuanto la población es cada vez más longeva", esgrimen en un comunicado.
Los promotores de la ILP, a la que ha tenido acceso Europa Press, persiguen a través de una Ley específica erradicar estar problemática y que este asunto «de vital importancia» se trate como un Pacto de Estado entre todos los partidos que incida en los ámbitos de sensibilización y prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; impulso a la formación de los distintos agentes; seguimiento estadístico; recomendaciones a las administraciones públicas y otras instituciones; visualización y atención de otras formas de violencia contra el mayor; y compromiso económico y seguimiento del pacto.
La ILP surge ante la creciente preocupación por las múltiples formas de abuso que sufre este colectivo, especialmente en entornos familiares e institucionales. La exposición de motivos señala que el envejecimiento de la población, unido a la falta de un marco legal específico, hace a estas personas un grupo vulnerable.