Julio Vidal y Encina Prada: «En Priaranza iniciamos la tutela científica de las fosas franquistas»

El 21 de octubre de 2025 se cumplieron 25 años de la exhumación de 13 víctimas de la represión franquista en una fosa común en Priaranza del Bierzo. El arqueólogo Julio Vidal y la antropóloga Encina Prada fueron pioneros en dar carácter científico abriendo una senda inédita en la memoria democrática en España.

—¿Cómo les llegó la posibilidad de dirigir la excavación de la fosa de Priaranza del Bierzo?

—Todo empezó con un artículo que publicó Emilio Silva Barrera en La Crónica de León, allá por octubre del año 2000, que llevaba por título Mi abuelo también fue un desaparecido, en el que relataba el drama personal y familiar que vivió por causa del asesinato de su abuelo por pistoleros falangistas, en el contexto de la brutal represión que siguió al golpe de estado que encabezó el dictador fascista Franco. En dicho artículo figuraba su teléfono y Encina y yo nos pusimos en contacto con él para ayudarle a recuperar los restos de su abuelo y, también, intentar identificar a los que fueron asesinados con él.

—¿Qué suponía hacer la exhumación con método científico?

—La aplicación de los métodos de la Arqueología y de la Antropología forense permitía a recoger, en las mejores condiciones posibles, toda la información —objetos personales asociados e individualización de los cuerpos recuperados en conexión anatómica—, derivada de la propia excavación de la fosa. Todo ello por cuanto habían tenido lugar tentativas anteriores en las que no se siguieron protocolos arqueo-antropológicos al uso.

—¿Qué diferenciaba esta excavación de una de la antigüedad?

—Existe una clara diferencia entre la excavación de un sitio prehistórico, por ejemplo, y una fosa de la Guerra Civil. En el primer caso, observamos lo que ocurre con prismáticos, y sus actores son anónimos, no tienen nombre, mientras que, en el segundo caso, estamos ante acontecimientos muy próximos a nosotros, cuyos protagonistas tienen nombre y apellidos, son personas que se quiere identificar, un padre, un hijo, un hermano, un abuelo…, que reflejan un tremendo drama personal y familiar y se refieren a sucesos que, lamentablemente, son todavía motivo de enfrentamiento político, principalmente por la nula generosidad —política e histórica-, de aquellos que, de hecho, actúan como herederos políticos de la Dictadura Franquista. De hecho, escribimos, en el momento de la excavación de la fosa de Priaranza, un artículo que llevaba por título «Arqueología de la Reconciliación». En cuanto a la metodología aplicada no existe ninguna diferencia. Nosotros concebimos el trabajo a realizar como si estuviéramos en cualquier sitio arqueológico, en el que se aplican técnicas minuciosas que permiten recuperar información fundamental para reconstruir el o los hechos que tuvieron lugar. En el caso de una fosa de la Guerra Civil, sin embargo, el trabajo arqueológico y antropológico cuenta con una ventaja evidente: muchas veces se conocen datos muy precisos de las personas que fueron asesinadas, como, por ejemplo, la estatura, edad, sexo, y otros rasgos físicos, a veces primordiales para la identificación.

—¿Fue complicado dar con el lugar exacto?

—A pesar de toda la información con que contábamos para su localización, incluso de personas que participaron directamente en el cavado de la propia fosa, necesitamos tres tentativas en otros tantos fines de semana. Hay que tener en cuenta, y esto es extrapolable a otras situaciones similares, que elementos indicadores coetáneos de las fosas —caso de árboles, tendidos eléctricos, geometría o anchura de una carretera, entre otros-, han podido desaparecer, de ahí la dificultad para situarla con precisión.

—Aparte de la aplicación de técnicas científicas, ¿qué implicó para ustedes exhumar una fosa con 13 víctimas republicanas de la represión franquista durante la Guerra Civil?

—Para nosotros se trataba de contribuir a hacer patente una verdad no suficientemente puesta de manifiesto: la terrible realidad de la represión franquista que siguió a su Golpe de Estado y las dramáticas consecuencias en el seno de miles de familias españolas a las que no se les había reconocido nunca el derecho a recuperar los cuerpos de sus familiares asesinados, por causa de una brutal Dictadura que les negó, incluso, su condición de españoles. En efecto, su idea de España consistía en eliminar físicamente a todos aquellos que, en particular, tenían ideas democráticas, como la misma República contra la que se levantaron en armas, imponiendo por la fuerza una Dictadura similar a la fascista en Italia, nazi en Alemania y estalinista en la Unión Soviética.

—¿Qué ha aportado a la arqueología esta exhumación?

—En nuestra opinión, la excavación de la fosa de Priaranza abrió un ámbito de aplicación de la Arqueología a un dominio hasta entonces poco explorado, considerándolo objeto de tutela científica, por la participación de especialistas en la materia y la utilización de técnicas y analíticas muy especializadas. Además, abrió de manera inapelable la implicación de la administración pública a la hora de tutelar las intervenciones en las fosas. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León de aquellas primeras intervenciones no quiso saber nada, incluso las veía como algo francamente [sic] molesto, incómodo, hasta que, como siempre, no les quedó más remedio que aceptarlas, aunque 7 años después.

—¿Una vez exhumados los restos, tuvo que hacerse el trabajo antropológico. ¿Se identificó a las víctimas por rasgos externos, al margen de que luego se hiciera mediante pruebas genéticas?

—Todos los cuerpos exhumados fueron caracterizados e individualizados desde el punto de vista antropológico. Nosotros dispusimos de buena parte de los rasgos físicos que hubieran podido identificar a las víctimas, de haber contado con la ayuda de sus familiares, lo que sucedió en dos casos, uno de ellos, el abuelo de Emilio Silva, identificado por la presencia de una prótesis dental y pruebas genéticas que lo corroboraron. Es muy probable, para el resto de las personas asesinadas que quizás entonces pesara todavía mucho el miedo causado por la Guerra Civil, lo que pudo retraer a los familiares, y, también, el tiempo trascurrido desde los asesinatos que pudo hacer perder la conexión con los descendientes actuales.

—¿Qué importancia ha tenido el trabajo conjunto de arqueología y antropología en los procesos de exhumación de fosas de la Guerra Civil?

—El trabajo conjunto de arqueólogos y antropólogos es fundamental para garantizar la obtención de datos que pueden resultar definitivos para realizar identificaciones nominales, por ello es fundamental contar con la colaboración de los familiares de las personas asesinadas, quienes deben ser los que, desde el principio, reclamen la exhumación de sus seres queridos.

—Usted era funcionario de la Junta, pero entiendo que realizó esta labor con carácter voluntario. ¿Habría tenido que asumir esta tarea la administración autonómica o estatal?

—(J.V.) Sí, yo era entonces arqueólogo territorial en el Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León en León, y realicé mi labor en la fosa de Priaranza durante los fines de semana. Había tenido un año antes un asunto de carácter profesional relacionado con fosas de la Guerra Civil con motivo de la construcción de la autovía Ponferrada-Toreno, ya que se conocía que, a la altura de Cabañas de la Dornilla, había fosas de la Guerra Civil, por lo que intenté que, en el marco de las tareas de control arqueológico de las obras, se llevaran a cabo controles arqueológicos para amparar el posible hallazgo de las fosas. Sin embargo, la Junta de Castilla y León se desentendió totalmente del asunto y tuvieron que pasar 7 años para que se atendiera un asunto tan importante, mediante la publicación del Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, por el que se amparaban las actividades arqueo-antropológicas relacionadas con la exhumación de personas asesinadas en la Guerra Civil. La excavación para la exhumación de personas asesinadas en las fosas de la Guerra Civil es una tarea que debe llevar a cabo la Administración pública. Diría incluso que debería ser el Gobierno de España quien las asumiera, creando un Departamento o similar en una institución de carácter público que atendiera todas las demandas que puedan surgir por parte de los familiares que desearan recuperar los cuerpos de sus allegados, o en cualquier otra circunstancia, obras o remodelaciones en cementerios, etc., que pudieran ponerlas en peligro. Los terrenos en los que se supone existen estas fosas deben ser delimitados e incorporados a un inventario que los proteja. Muchos de ellos, además, deberían ser considerados lugares de memoria.