Dos leoneses reclaman pensión a Alemania por la talidomida
La asociación Avite envía el expediente de cien españoles afectados por el medicamento alemán para embarazadas que causó secuelas físicas en los fetos
Generoso Turienzo quedó fuera de las ayudas y está a la espera de las reclamaciones de Avite
Sesenta y cuatro años después, la lucha de los afectados por la talidomida en España continúa. Dos leoneses, víctimas del medicamento del laboratorio alemán Grünenthal, están entre los cien primeros expedientes que Avite (Asociación de Víctimas de la Talidomida) ha enviado al Gobierno alemán para reclamar una pensión por los daños físicos causados por el fármaco Contergan, administrado a las embarazadas para aliviar los nauseas del embarazo desde 1950 a 1985. Más de 3.000 bebés nacieron en España con graves secuelas físicas como consecuencia de los efectos de este medicamento que se vendió como una medicina para combatir el insomnio, las náuseas y mareos en embarazadas. En España se distribuyó y comercializó sin receta a través de tres laboratorios farmacéuticos autorizados por la Dirección General de Sanidad desde 1955 hasta 1985.
Veintitrés años desde la creación de Avite, los afectados continúan con las reclamaciones. Desde el año 2023, nueve víctimas leonesas han estado en algún momento de alta en la asociación, de la que continúan como socios cuatro personas. Solo una de ellas tiene reconocida la discapacidad física com víctima del fármaco en el proceso de reconocimientos abiertos por el Gobierno entre el 6 de abril y el 6 de octubre de 2023 en el Instituto Carlos III, organismo oficial que realizó los reconocimientos. Muchos de los afectados que ya tenían el reconocimiento por otros organismos oficiales quedado fuera. Es el caso de Generoso Turienzo que estaba en la lista de los 25 primeros reconocidos por el Gobierno y luego lo quitaron. Su hermana Manuela se ha convertido en su principal apoyo. Otros recurrieron a la vía judicial, con el apoyo de Avite, una vez descartados por el Carlos III. Es el caso de la segunda persona de León que reclama la pensión al Gobierno alemán tras darle la razón los tribunales en España. Avite gestiona los expedientes a través de un bufete alemán. «Alemania no permite que se hagan reclamaciones a través de asociaciones y lo tiene que hacer cada afectado individualmente. Hemos enviado ya cien solicitudes y poco a poco enviaremos el resto», asegura el vicepresidente, Rafael Basterrechea. Aunque no hay cifras oficiales, solo en Avite hay registrados casi trescientos afectados. La talidomida estaba presente en más de diez medicamentos para embarazadas que afectaron a 20.000 bebés en todo el mundo.
23 años de lucha
Avit tiene actualmente tres frentes abiertos con reclamaciones para las víctimas.
Tras el reconocimiento y la indemnización en España, las víctimas critican que tuvieron que tributar del 50%. «Nos dejaron las ayudas a la mitad, es vergonzoso.En ninguna parte del mundo tributan esas ayudas. Hoy hemos sabido que las indemnizaciones a las víctimas de la Iglesia no van a tributar en el IRPF, pero las nuestras sí», asegura Rafael Basterrechea. El siguiente paso dado por la asociación ha sido pidir a las comunidades autónomas la devolución del 20% de la parte tributaria les corresponde. «País Vasco y Navarra han decidido devolver el 100%, otras comunidades nos han mostrado su decisión de devolver el 20%, y otras, entre las que están Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cantabria todavía no nos han contestado». La devolución se hace con una declaración paralela «para que las autonomías devuelvan la parte que les corresponde».
Además de las reclamación de pensiones en las mismas condiciones que el Bundestag reconoce a las víctimas alemanas (entre 3.000 a 10.000 euros según la discapacidad física provocada por el medicamento) Avite intenta reabrir el proceso de reconocimiento físico para que las familias que quedaron fuera en 2023 por algún motivo burocrático puedan optar a un segundo examen médico. Solo la quinta parte de los 609 solicitantes en toda España presentadas en ese momento fueron incluidos en el Real Decreto que aprobó ayudas de 12.000 euros por cada grado de minusvalía. «Hay familias que quedaron fuera porque se dio poco tiempo en el primer proceso y por un trámite administrativo se quedaron fuera y eso no es justo. Las patologías no prescriben», asegura el vicepresidente de Avite.
Este es el caso del leonés Generoso Turienzo. Su hermana Manuela continúa con Avite, «aunque ya he perdido las esperanzas. Mi hermano cumple en unos días 66 años, es dependiente y cobra una pensión no contributiva. Si no quieren pagar se buscan cualquier excusa. No puedo más, pienso que el Gobierno se ríe de personas que están mal. Mi única ilusión es que tenga ayuda cuando yo no esté».