Lo que fue no del 'sólo sí es sí'

El 25 de agosto de 2022 se aprobó en un Pleno extraordinario del Congreso la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del «solo sí es sí», que se publicaría en el BOE a primeros de septiembre. Nació como una medida que pretendía corregir el sistema de castigo ante las distintas violencias sexuales colocando el consentimiento como núcleo a la hora de decidir la pena. Con todo, desde el primer momento resultó una ley polémica porque provocó de forma directa 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones, según datos del Consejo General del Poder Judicial, lo que forzó su reforma apenas seis meses después de que entrara en vigor.

La aprobación de la ley es el penúltimo paso de una andadura legislativa que comenzó con la indignación que despertó la condena de la Audiencia Provincial de Navarra a los actos de «La Manada» el 20 de marzo de 2018. Los hechos ocurrieron en los Sanfermines de 2016, cuando un grupo de cinco hombres realizó, tal y como refleja la sentencia, «diversos actos de naturaleza sexual» sin el consentimiento de la joven. Por ello, fueron condenados a nueve años de prisión cada uno al considerarles culpables de abuso sexual.

La Audiencia interpretó que, al no existir ni violencia física ni intimidación, no podía condenarse como agresión sexual, sino como abuso, lo que suponía un delito más leve y, por tanto, menor condena. Con todo, apenas un año después de la resolución del organismo navarro, el Tribunal Supremo modificó la pena al considerar que los hechos describen un escenario de intimidación ambiental suficiente para anular la voluntad de la víctima y, por tanto, señalarlo como agresión sexual.

Al conocerse la resolución de la Audiencia, el movimiento #yosítecreo inundó de forma inmediata las redes sociales defendiendo que el fallo judicial «deja a las mujeres en una situación de absoluta vulnerabilidad» y que «hubo un NO de la víctima», lo que para los internautas que se sumaron a la campaña era un hecho crucial a la hora de establecer el castigo.

Tras una andadura política en la que el proyecto de ley pasó tanto por el Congreso como por el Senado, y en el que fue protagonista una enmienda de Junts en la que se pedía el cambio del término «esterilizaciones forzosas» al masculino plural para evitar ambigüedades legales, la ley acabó el 25 de agosto en un Pleno extraordinario en el Congreso para su posterior aprobación.

La norma suprimió el abuso sexual para incluirlo dentro de la agresión sexual, ya que cualquier acto sin consentimiento sería agresión

La norma eliminó el abuso sexual para incluirlo dentro de la agresión sexual, pues con la iniciativa legal, cualquier acto sexual realizado sin consentimiento se consideraba de forma automática como agresión. El centro legislativo pasó de estar en el empleo de violencia física o intimidación a estar en la voluntad de la víctima que, en caso de no expresarse de manera clara, no se supondría como consentimiento.

A consecuencia de la absorción legal del abuso dentro del concepto de «agresión sexual», los jueces encontraron que debían bajar las condenas mínimas para que el sistema fuese proporcionado, pues con la supresión del abuso había un gran espectro de actos que entraban dentro del término «agresión sexual» y debían distinguirse bien los leves de los graves. De esta forma, en el caso específico de la violación, el mínimo bajó de seis a cuatro años para cubrir casos en los que no se había empleado violencia o intimidación.

Debido al efecto retroactivo de la ley, en el que, en caso de que favorezca al reo, este tiene derecho a que el juez recalcule su pena adaptándola al nuevo marco legal, los condenados antes de la aprobación de la norma pidieron una revisión de su pena, lo que resultó en las 1.233 reducciones de condena y las 126 excarcelaciones. Las voces del #yosítecreo se dividieron.