Excedencias para las familias con enfermos discapacitados
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Personas con Discapacidad, que contempla entre otras medidas, la aprobación de un Plan de Accesibilidad 2004-2012, así como una nueva excedencia de un año para el cuidado de un familiar minusválido. El Gobierno también remitió ayer a las Cortes el proyecto de Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, ya tratado en Consejo de Ministros, pero pendiente de informes de la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social, ya recibidos. El proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Personas con Discapacidad se dirige a 10 millones de personas, entre discapacitados, 3,5 millones de personas, y sus familias. Zaplana dijo que en su elaboración ha participado el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), al tiempo que indicó que para los tres primeros años del Plan de Accesibilidad y eliminación de barreras hay un presupuesto previsto de 1.225 millones de euros, el 13,2% a cargo del Imserso. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno fijará las condiciones básicas de accesibilidad. Respecto al grado de preacuerdo con las comunidades autónomas para la aprobación de esta ley, Zaplana dijo que la eliminación de barreras para los discapacitados requiere una inversión de todas las Administraciones, y agregó que no cree que ninguna comunidad se oponga; «se ha negociado con el sector y supondría una gran desilusión que alguna comunidad no estuviera de acuerdo con estas iniciativas», manifestó. Arbitraje Entre las medidas de esta norma figura también la creación de un sistema de arbitraje para resolver quejas o reclamaciones relacionadas con discapacitados. , y el establecimiento de una nueva excedencia de un año para el cuidado de un familiar hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí mismo y no pueda desempeñar una actividad remunerada. Asimismo, se reforma la ley de Propiedad Horizontal y obliga a las comunidades de propietarios a realizar las obras de adaptación necesarias en las viviendas en que residan o trabajen personas con discapacidad.