Diario de León

La izquierda y los colectivos feministas denuncian una brecha legal contra el derecho al aborto

Francia tipifica como delito provocar un aborto en un accidente de tráfico

La legislación francesa prevé una multa si se mata a un perro, pero nada en relación al feto

Publicado por
Fernando Iturribarría - parís
León

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La Asamblea Nacional (Cámara de los diputados) francesa ha creado el delito de interrupción involuntaria del embarazo para penar conductas que frustran la maternidad de una mujer embarazada, por ejemplo, en un accidente de tráfico. La oposición de izquierda y los colectivos feministas denuncian una brecha legal contra el derecho al aborto al modificar indirectamente el estatuto jurídico del feto al que la jurisprudencia gala niega la condición de persona. En Francia causar la muerte de un perro a bordo de un vehículo en un accidente de circulación está sancionado con una multa. Pero la ley no prevé nada si una automovilista embarazada pierde el hijo que iba a tener. En un caso reciente un tribunal de Reims condenó por homicidio involuntario a un conductor que lesionó a una mujer en su octavo mes de gestación. Pero la Corte de Casación (Tribunal Supremo) revocó la sentencia por entender que, conforme a una interpretación estricta de la ley penal, el feto no entra en la categoría de persona humana. Para cubrir esta laguna legal, la Asamblea Nacional acaba de instaurar el delito de interrupción involuntaria del embarazo provocada por torpeza, imprudencia, descuido, negligencia o falta a una obligación de seguridad. Está penado con un año de cárcel y 15.000 euros de multa, sanciones que se duplican en caso de violación manifiestamente deliberada. Por ejemplo, cuando el causante del accidente se ha saltado un stop. La segunda parte del artículo afecta a los actos médicos realizados sin las precauciones necesarias. La innovación obedece a una enmienda presentada por el diputado conservador Jean Paul Garraud a la ley contra las nuevas formas de delincuencia y criminalidad. En su defensa, recordó que en 1992, a iniciativa socialista, se había penalizado la interrupción del embarazo resultante de un acto intencional, como una agresión, pero seguían sin contemplarse las faltas involuntarias. «Se trata de llenar un vacío legal y de reparar una injusticia», alegó. Desde los bancos de la izquierda, que votó en contra, se le acusó de poner en tela de juicio el derecho al aborto por sobrentender la atribución de un rango jurídico al feto. «Asume la táctica de los grupos pro-vida para contentar a la franja integrista de su electorado», arremetió el diputado socialista Jean Marie Le Guen.

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