El Gobierno pide a los obispos que respeten la decisión del Parlamento que es quien legisla sobre los gais

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se dirigió ayer a la Conferencia Episcopal para señalar que la regulación de los matrimonios entre homosexuales es «un deber democrático» que tiene como objetivo «remover barreras de desigualdad» entre los ciudadanos en una sociedad plural. Los obispos españoles invitaron ayer a los parlamentarios católicos a mostrar su desacuerdo y votar en contra del proyecto de Ley anunciado por el Gobierno para legalizar los matrimonios y las uniones entre homosexuales, al considerar que «no es justo» que los gays puedan casarse. «Invocamos a la Iglesia el respeto que merece el trabajo que efectúa el Parlamento en una sociedad democrática como representante de la soberanía popular, regulando instituciones disponibles para ciudadanos libres e iguales entre ellos en una sociedad plural», subrayó, recordando que actualmente existen ciudadanos que se sienten discriminados porque el Ordenamiento jurídico «ha desatendido sus pretensiones de igualación con respecto a otros ciudadanos durante mucho tiempo». López Aguilar dijo que el Gobierno tiene el «deber democrático» de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, con la finalidad de «remover barreras de desigualdad» entre los ciudadanos en una sociedad plural. El ministro mostró su respeto «por la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica en el ejercicio de la autoridad que ejerce sobre la comunidad de creyentes», si bien recordó que el Gobierno asumió determinados compromisos ante la ciudadanía a través del proceso electoral que deben ser cumplidos. El Gobierno está convencido de que «una sociedad democrática y abierta está perfectamente preparada para distinguir la esfera que corresponde al legislador y la de la autoridad eclesiástica.