Prisiones alerta que la situación de las cárceles es «casi una catástrofe»

El análisis de la responsable de la política carcelaria sobre la realidad de las prisiones no pudo ser más negativo. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, alertó en su primera comparecencia en el Congreso de que la situación en los 66 centros dependientes del Ministerio del Interior es «casi una catástrofe». Esta radiografía «muy negativa», dijo, es la herencia del Gobierno 'popular' que permitió la «sobreocupación» de los centros con una «escasísima plantilla». Gallizo no anduvo con rodeos y recurrió a las cifras: la población penitenciara creció un 31,5% en los últimos cuatro años, ha pasado de 39.169 reclusos en 2000 a 51.339 en septiembre de 2004. Y todo ello con 38.837 celdas disponibles, un número que hace imposible cumplir la legislación penitenciaria que obliga a un preso por celda. «Existe una extraordinaria carencia de plazas», denunció la directora de Prisiones, quien insistió en la continua «imprevisión» del PP, al que acusó de limitarse a ejecutar las obras previstas por anteriores ejecutivos socialistas, sin construir nuevos centros. Un descuido -advirtió- que tendrá consecuencias a largo plazo. Los errores del PP «El problema de la sobreocupación es muy serio y nos va a seguir persiguiendo durante mucho tiempo», apuntó. Gallizo señaló que la situación actual arranca, a su juicio, de dos errores de bulto de los anteriores Gobiernos de José María Aznar, que cuando revisaron el Plan de Amortización de Centros, en 1998, vaticinaron que la población penitenciaria iba a descender y que, además, las condenas se iban a acortar. La respuesta del Gobierno socialista a este hacinamiento penitenciario será mantener el proyecto del PP de abrir cuatro nuevos centros en Cádiz, Sevilla, Madrid y Castellón, y edificar cuanto antes otras tres cárceles en Navarra, Ceuta y Canarias. La responsable de Interior se recreó en las críticas a los anteriores gestores del PP. «Existen carencias evidentes en personal y medios» explicó Gallizo y sustentó su diagnóstico en las cifras sobre las plantillas de funcionarios. Frente al crecimiento de la población reclusa, más de un 31% en los últimos cuatro años, el personal de Prisiones sólo aumentó en un 7% en ese período. Un desfase, prosiguió, que ha repercutido en la ratio entre funcionarios y reclusos, que ha pasado de 2,07 internos por cada vigilante en 2000, a 2,5 en la actualidad. «Partimos de muy atrás y lo que estaba previsto es muy poco», denunció la compareciente. En este sentido, Gallizo indicó que la mitad de los centros que dependen de Interior necesitan de obras urgentes para frenar el «deterioro progresivo», y que en 35 de las cárceles el «esfuerzo inversor» debe ser notable. La directora hizo la precisión sobre las cárceles dependientes del Ministerio porque Cataluña tiene transferidas las competencias de prisiones y gestiona las de su territorio. La situación económica es «grave», ya que los presupuestos durante los gobiernos populares estuvieron «muy por debajo de las necesidades reales». En especial, subrayó, el problema es insostenible en el dinero destinado a la manutención de los reclusos.