El arraigo laboral con denuncia le costará al trabajador 600 euros

Una vez finalizada la legalización transitoria de extranjeros irregulares prevista por el Gobierno para principios del próximo año y cuando el Reglamento de Extranjería se aplique en toda su extensión, un trabajador en situación irregular que quiera acceder a la regularidad a través de la denuncia de su empleador, puede tener que enfrentarse a un coste mínimo de unos 600 euros y unos cinco meses de proceso judicial hasta que se dicte sentencia. Estos son los cálculos realizados por la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas respecto a la aplicación de la figura del arraigo laboral recogida en el artículo 45 del Reglamento en los supuestos de autorizaciones de residencia por supuestos excepcionales. Esta figura será en la práctica, según la organización «costosa, compleja y larga» para el inmigrante. La organización valora, sin embargo, «muy positivamente» la amnistía que tendrá lugar durante tres meses para regularizar trabajadores que lleven empadronados seis meses en España y cuenten con un contrato de trabajo por otros seis meses, como norma general. «Esta fórmula es muy positiva porque hará aflorar la economía sumergida mediante acuerdo entre empresario y empleador y sin perjuicio para ninguno de los dos», dijo a Europa Press uno de los miembros de la Asociación, Cristina Taboada. Todo lo contrario respecto a lo que sucederá, a su juicio, con el posterior arraigo laboral. Por el momento, el Reglamento regula en su artículo 45 que podrán obtener una autorización de trabajo y residencia extranjeros en situación irregualr que un periodo mínimo de dos años en España y desmuestren una relación laboral no inferior a un año. La demostración sólo podrá llevarse a cabo mediante resolución judicial o acta definitiva de la Inspección de Trabajo. Taboada explicó que la demostración de una relación laboral mediante resolución judicial exige que el trabajador presente demanda contra el empresario en los juzgados de los social, lo que indica que el sistema de denuncia anunciado por el Gobierno y que en los últimos días se especuló que podría retirar no ha desaparecido de la normativa.