La nueva ley del divorcio abaratará a la mitad el coste de los trámites

El divorcio es un saco roto. Los que lo han sufrido cuentan que la sangría comienza nada más dar portazo al matrimonio. Aparte del golpe emocional, que es el que más les importa, el económico es, para las asociaciones de padres y madres separadas, «cruento». Ahora están expectantes. El Gobierno les ha prometido que con la nueva ley del divorcio todo será más rápido y barato. Les han dicho además que, antes de que finalice el año, todo el proceso llevará dos meses y saldrá la mitad de barato. Y todo porque la eliminación de la separación matrimonial -un trámite que exige dos procedimientos judiciales (y la comparecencia dos veces en el juzgado)- como paso previo al divorcio supondrá un ahorro de 1.800 a 2.400 euros a los cónyuges. El precio de un proceso de separación y posterior divorcio de mutuo acuerdo, con sentencia judicial incluida, oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros por pareja cuando ambos cónyuges comparten abogado. En caso de que acuerden la liquidación de bienes gananciales, la tarifa se incrementa con el cobro de un porcentaje (según una escala de cuantía) sobre el importe de los bienes que se liquidan. A menudo, la desconfianza incita a los cónyuges a contratar dos abogados de manera que cada uno de ellos defiende los intereses de cada miembro de la pareja, lo que aumenta los costes del proceso de separación. Negociaciones También es cierto que los abogados matrimonialistas varían su minuta -los honorarios son libres desde 1996- en función de la complejidad del caso, la dificultad de las negociaciones y otras circunstancias como la necesidad de traslado del letrado a otra ciudad o la cantidad de recursos y reclamaciones que, a petición de alguno de los demandantes, deban interponerse. Si al divorcio o separación se llega por vía contenciosa, cada una de las partes es representada por un procurador y asistida por un letrado. Cada cónyuge debe pagar como mínimo desde 1.300 hasta 2.000 euros por letrado, más unos 400 euros por el procurador. Más, cuanto más complejo Pero estos honorarios pueden aumentar por la complejidad del asunto, especialmente si se plantea la adopción de medidas provisionales (coste mínimo, 300 euros), si se presentan recursos de alguna de las partes o si surgen incidencias a lo largo del proceso que aumenten los gastos y el tiempo de espera. Normalmente, el coste total del proceso ronda los 2.500 euros por cónyuge, dependiendo de los bienes de la pareja y de las pensiones que se establezcan. Las parejas que no ingresen, entre ambos miembros, el doble del salario mínimo interprofesional pueden acogerse sin problemas a la asistencia jurídica gratuita. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confía en que se alcanzará un pacto de legislatura con otras fuerzas políticas que garantice la estabilidad del Ejecutivo para afrontar las prioridades legislativas que se ha marcado para este año, como la que afecta a la regulación del divorcio o la que regulará el matrimonio entre personas del mismo sexo.