Estados Unidos se pone a régimen

En Estados Unidos, más de 59 millones de personas, casi el doble de la población total española, sufre de obesidad. Con más de un 65% de los estadounidenses con problemas de sobrepeso, y la amenaza de seguir aumentando el porcentaje, los «kilitos de más» hace tiempo que pasaron a la categoría de epidemia en un país donde la pizza, la hamburguesa y las patatas fritas son, por este orden, la comida más vendida en la mayoría de los restaurantes. Más allá del tópico, y en número exactos, la gula estadounidense le cuesta a la sanidad pública 117 mil millones de dólares anuales. Una cantidad que, en medio de la peor crisis financiera de los últimos años, la administración estadounidense se ha propuesto reducir con la mejor de las dietas: la que impone la ley. Conocidas como regulaciones anti obesidad, las propuestas para poner a régimen al país llevan décadas floreciendo en todo el territorio, aunque ha sido en los últimos meses cuando han empezado a cobrar relevancia. Mientras la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA en sus siglas en inglés), la máxima autoridad sanitaria estadounidense en materia sanitaria, aconsejaba hace unas semanas a los restaurantes que sirvieran raciones más pequeñas y aportaran información nutricional en sus menús. Una práctica que cadenas como McDonall¿s llevan años practicando. Otros, como la ciudad de New York, han ido incluso más lejos con un proyecto de ley que pretende reducir el número de locales de comida rápida según el código de área. La idea, sugerida por el responsable de sanidad de la isla y aún en desarrollo, se basa en el hecho de que la mayoría de los fast food suelen concentrarse siempre en la áreas más deprimidas y con menores recursos económicos. Algo muy peligroso si se tiene en cuenta que gran parte de los clientes de este tipo de establecimientos son niños. Según los últimos datos aportados por la FDA más de nueve millones de niños estadounidenses son obesos. Una realidad que los especialistas atribuyen a partes iguales a la televisión, que cada año emite unos 72 mil anuncios de comida rápida para críos. La segunda responsable es el propio sistema educativo, en el que la bollería industrial y los refrescos suelen formar parte del menú del 60% de las escuelas públicas. Prohibición a los padres A este respecto cuatro estados, California, Hawaii, Texas y Virginia del este, han sido los primeros en introducir leyes que prohiben la presencia cualquier tipo de alimento «no sano en las aulas». La cosa ha llegado a tal extremo que incluso en algunas localidades los padres tienen prohibido visitar a los niños en el recreo, así como prepararles cajas con el almuerzo, con el objeto de poder vigilar mejor la alimentación de los infantes. A pesar de estas posturas radicales, la mayoría de los estados apuestan por me-didas informativas más que impositivas. Campañas que promocionan la vida sana y el deporte, vídeos que enseñan cómo, qué y cuándo comer o aulas más grandes para que los estudiantes puedan moverse a la vez que aprenden, son sólo algunas de las soluciones propuestas. Desde de la pediatría se aconseja también que los progenitores cojan la responsabilidad de sus menores y los alejen de tentaciones como la consola o la tele.