El movimiento obrero leonés en el periodo de 1962 a 1975

La historiografía más reciente ha mostrado gran interés por el estudio de la conflictividad laboral en los años del franquismo y la transición democrática. Pero, casi siempre, se ha centrado en aquellas zonas que, por la importancia de su entramado industrial, parecían ser el caldo de cultivo idóneo para que tuvieran lugar todos estos movimientos. Esto ha motivado que León sea una provincia prácticamente olvidada en estas investigaciones y, sobre todo, que se extienda la concepción de que era un territorio en el que apenas tuvo incidencia la problemática social. Una vez finalizada la Guerra Civil, se implantó una nueva configuración del Estado que llegó hasta 1975 y se caracterizó, desde el punto de vista laboral, en la prohibición de todos los sindicatos anteriores al conflicto armado y la obligación de los trabajadores a pertenecer al Sindicato Vertical (SV). Además, no había derecho a la huelga, información o reunión y aquellos que las ejercían podían ser despedidos, detenidos o encarcelados. Con el fin de acercar al movimiento obrero leonés de la década de 1960 y comienzo de la de 1970, tres jóvenes investigadores, Héctor Álvarez, David Martínez -del departamento de Historia de nuestra Universidad- y Tomás Sarmiento, han realizado un estudio que se ha visto plasmado en el libro El desarrollo de la oposición política a través de la problemática laboral leonesa: 1962-1975 , editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de León que, además, ha sido galardonado con el premio de la Fundación Carolina Rodríguez 2005. Crisis de la minería La investigación pretende mostrar la diversidad de motivaciones de la conflictividad laboral, aunque en el caso leonés la crisis de la minería y la industria aparecerá como un factor fundamental, al producir impagos salariales o expedientes de crisis. Pero también destacarán cuestiones como la solidaridad con otros trabajadores, la ruptura de deliberaciones en el convenio colectivo, el incremento salarial y la mejora de las condiciones laborales. En la provincia, el movimiento obrero estuvo prácticamente desorganizado hasta 1962, año en que se inicia un nuevo ciclo en la actividad de la oposición que recogía la herencia de las luchas políticas anteriores y se nutría de la problemática económica, al mismo tiempo que olvidaba la idea de restablecer la República. Las comarcas mineras comenzaron a desarrollar una conflictividad específica, delimitada a veces a cada comarca, municipio, empresa o mina, pero con unas características comunes basadas en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, el incremento de los salarios, la lucha contra la desaparición de fábricas y explotaciones mineras y el reconocimiento de los trabajadores como entidad con capacidad negociadora en los convenios. Fueron esas zonas las que tuvieron una posición diferenciada del resto de la provincia, donde hubo que esperar hasta que, una vez iniciada la transición, esta movilización fuese apreciable y rebasase el estadio de la infiltración en el SV por las incipientes Comisiones Obreras y de la realización de escritos de protesta. A partir de 1964 se produce una etapa de relativa tranquilidad, en la que se producirá la reorganización del PCE provincial, que se puede dar por finalizada en 1968, cuando comienzan a producirse conflictos motivados por la renovación de los convenios en las grandes empresas. En 1972 se producirá una importante divergencia con el ámbito estatal, debido a que en éste último la conflictividad fue en aumento, mientras que en el leonés disminuyó de una forma significativa hasta 1975 en que comenzará a recuperarse, para restablecerse totalmente en 1976. La conflictividad laboral sigue directrices similares a la de Asturias, aunque con matices políticos en las zonas más influenciadas por las organizaciones de oposición sindical como en la cuenca de Fabero, Villablino y Matarrosa. Aunque la situación conflictiva se extiende en muchos momentos a una parte muy importante de los trabajadores del sector minero, no existe suficiente coordinación para que se amplíen los conflictos por cuestiones solidarias. Por el contrario, muchas veces los conflictos se centran en las situaciones particulares de cada empresa o en áreas circunscritas a una cuenca, lo que facilita el logro de una solución por medio del diálogo y de la mediación entre empresa y empleados. Oposición política La postura de la Organización Sindical Española ante los conflictos es bastante condescendiente, pues se tiende a justificar en cierta medida la actitud de paro de los trabajadores. A ello se une la intensa actividad para tratar de atajar los conflictos de la forma más rápida posible, al tiempo que se expresa el profundo temor por la posibilidad de su extensión. A grandes rasgos, las entidades que acarrean el mayor número y extensión de los conflictos fueron Antracitas de Fabero, Antracitas de Gaiztarro, MSP o Antonio García Simón, en las que en determinadas ocasiones están presentes los grupos de la oposición. También hay muchas pequeñas empresas que sufren intensamente las consecuencias de la crisis y desaparecen paulatinamente a lo largo de esos años por la presentación de expedientes de crisis y el abandono de las explotaciones. A pesar de que durante el franquismo tuvo lugar la supresión de los sindicatos de clase se produjo la subsistencia de la oposición política en la clandestinidad protagonizada en León por el PCE, lo cual fue fundamental tanto para la transición democrática como para la organización del movimiento obrero. Al mismo tiempo, fueron fundamentales las diversas organizaciones católicas (Hermandad Obrera de Acción Católica, Juventud Obrera Católica) que consiguieron mantener una cierta ideología obrera y algunas ocasiones apoyaron la organización de los conflictos colectivos que se plantearon.