Paradojas del Estado de las autonomías

EL APARATOSO APAGÓN del 23 de julio en Barcelona todavía colea y ha dejado sobre la mesa del debate el papel redistribuidor y equilibrador del Estado compuesto, cuasi federal, que nos hemos dado y que está concluyendo su última transformación con la sucesiva reforma de los estatutos de autonomía. Asimismo, los incendios de Canarias, muy virulentos, han reavivado la vieja discusión de la subsidiaridad en determinadas materias: es razonable que las comunidades autónomas tengan todas las competencias normales en protección civil, pero también lo es que el Estado desempeñe un papel relevante frente a las catástrofes de magnitud extraordinaria. Además, no es lógico el comportamiento de algunas autonomías que se jactan de preservar celosamente de cualquier injerencia el ámbito de sus competencias exclusivas y, a la menor contrariedad, vuelven el rostro con gesto implorante al Estado en petición de socorro. Puesto que el País Vasco disfruta del concierto económico, los forcejeos de carácter financiero -no sólo ideológico- están hoy por hoy reservados a Cataluña. El nacionalismo catalán -o, si se prefiere, el catalanismo político, ya que hay que englobar en esta categoría al PSC-PSOE- alardea de su vocación prácticamente autodeterminista, reclama la ampliación ilimitada de su ámbito competencial, regatea incluso sus aportaciones de solidaridad a las arcas del Estado... y a la menor oportunidad se apresura a culpar al Estado de todos su males y a reclamarle la solución urgente de todos sus problemas. El miércoles, el ex presidente Pujol publicaba en 'La Vanguardia' un inflamado artículo en el que se lamentaba de un planteamiento de fondo que se ha desarrollado bajo el gran apagón: un sector relevante de la opinión pública española ha dicho más o menos explícitamente con cierto alivio que este incidente, que demostraría la insuficiencia de inversiones en Cataluña, permitiría a Zapatero vencer las resistencias que le plantea esa misma opinión a la hora de incrementar las inversiones dirigidas la comunidad catalana. Pujol lamenta que las cosas sean de esta manera, que Cataluña todavía padezca tales resistencias... Pero quien siembra vientos, recoge tempestades. Probablemente sea cierto que Cataluña se ha beneficiado en menor medida que Madrid en los últimos años del esfuerzo inversor del Estado, que administra los recursos destinados a las grandes infraestructuras, es decir, sólo una parte de la inversión total, que está ya regionalizada. Sin embargo, no cabe desconocer que el nuevo Estatuto catalán, que resuelve este déficit histórico al asegurar una inversión mínima durante varios años, se basa en el criterio de la autonomía plena hasta extremos prácticamente confederales, y en la consiguiente suficiencia fiscal. En consecuencia, es de desear que cuando el estatuto adquiera su pleno desarrollo, Cataluña resuelva sus problemas también autónomamente -incluso sus colisiones con empresas privadas como FECSA-Endesa-, sin apelar constantemente al viejo victimismo, que ya no tendrá sentido.