Filtraciones e indignidades

UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS principales de la madurez y la solvencia democráticas es la diferenciación rigurosa entre lo público y lo privado, que han de ser nítidamente separados mediante un criterio estricto. Y también, la capacidad de las instituciones para mantener las zonas de sombra, lo discreto y lo secreto. Aunque sea siempre difícil discernir qué ámbitos del Estado han de quedar bajo reserva -otra característica de tales sistemas pluralistas es la transparencia-, es claro que la defensa de ciertos intereses nacionales -nacionales, no partidistas o grupales- requiere discreción y sigilo. Aquí, estos conceptos no están ni siquiera establecidos. Con frecuencia se ha querido tapar mediante un tupido velo lo que debía publicarse, y es bien conocido que lo tratado en las comisiones de secretos oficiales de nuestro Parlamento tarda en divulgarse lo que el parlamentario en contárselo al periodista de cabecera. Y acaba de producirse un caso de insolvencia resonante: las filtraciones procedentes de los trabajos de la comisión que investiga el accidente de un avión de Spanair el pasado 20 de agosto en Barajas, con un saldo trágico de 154 víctimas. Primero se publicó en los medios el borrador del informe, que curiosamente fue reproducido íntegramente en un hasta entonces desconocido portal latinoamericano; más tarde, ha aparecido el vídeo oficial, registrado por las cámaras de AENA, con las imágenes dramáticas del accidente, sin que el juez instructor hubiera autorizado su divulgación. A posteriori, es difícil detectar el origen de estas filtraciones, ya que la comisión es numerosa y el vídeo digitalizado pudo copiarse en la propia AENA por cualquiera. Lo inconcebible es que el Ministerio de Fomento, que tiene la iniciativa de las investigaciones y donde se residencia la comisión, no tomase desde el primer momento el riguroso control de todas las informaciones, que, por razones obvias, hubieran debido ser custodiadas con gran celo para evitar precisamente lo que acaba de ocurrir. La sensación de esperpéntica ineficacia, dejación de responsabilidad y caos administrativo que transmite Fomento tras haber provocado esta situación es inenarrable. Hasta parecería una broma si no estuviéramos hablando de una tragedia. El colectivo de pilotos civiles se ha indignado, lógicamente, por la frivolidad del tratamiento de un asunto de tanta gravedad en el que se encierran no sólo las presuntas responsabilidades derivadas del propio accidente -de los pilotos, del fabricante del avión y de la empresa Spanair-, sino la seguridad aérea futura ya que del desentrañamiento de los accidentes se desprenden lecciones muy útiles para la prevención de nuevos siniestros. Es además patente que la información almacenada mediante los sistemas de 'backup' de los aviones -las 'cajas negras'- debe ser manejada con estricta confidencialidad ya que, obviamente, tales grabaciones tienen por objetivo primordial la vigilancia de la seguridad y no el servir de prueba acusatoria contra las tripulaciones. Pocas profesiones resistirían y tolerarían un control tan estricto si no se aceptara previamente dicha convención. ¿Alguien se imagina lo que dirían los cirujanos, por ejemplo, si alguna administración pretendiera registrar en vídeo todas sus intervenciones? Más indignada debe estar todavía la opinión pública al asistir a este colosal desmadre, que arruina honras y sociedades anónimas sin el menor reparo antes de cualquier decisión judicial, cuando se percata de la extrema frivolidad con que la Administración pública aborda el asunto. Porque cuando apenas acaban de ser enterradas las víctimas, el peloteo de responsabilidades que solapadamente está teniendo lugar es, simplemente, una obscenidad. Para coronar el escándalo, sólo faltaba que los bufetes de abogados americanos se lanzaran como aves de rapiña sobre la presa para conseguir colosales indemnizaciones a costa de los fallecidos, como lamentablemente ha ocurrido esta vez. El espectáculo de la gran indignidad está servido. La consistencia y la calidad de los países no sólo se miden en términos macroeconómicos mediante grandilocuentes y esotéricos indicadores ni a través de alardes estadísticos: son las conductas públicas las que mejor describen la prestancia de los modelos y la solidez de los sistemas. Y aquí, acabamos de dar muestras de una debilidad enfermiza y cuasi africana que nos sitúa en el ámbito de la inmadurez tercermundista. Alguien debería, al menos, dar la cara para explicar esta sinrazón.