La Alta Inspección Sanitaria velará por que todas las comunidades garanticen su cumplimiento
El aborto será una prestación pública y gratuita del sistema de salud
El Consejo de Ministros aprueba sin cambios el anteproyecto de ley del aborto
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, junto a Bibiana Aído
madrid
El aborto será un derecho de la mujer y una prestación sanitaria pública y gratuita. El Gobierno aprobó ayer jueves sin apenas retoques el anteproyecto de ley que regulará las interrupciones voluntarias del embarazo. Se mantienen todas las recomendaciones del comité de expertos del Ministerio de Igualdad. Durante las primeras 14 semanas se podrá abortar libremente.
Hasta la semana 22 sólo se autoriza si hay grave riesgo para la embarazada o severas anomalías del feto, y con el informe preceptivo de dos expertos. En una gestación más avanzada sólo cabe el aborto excepcional en caso de malformaciones incompatibles con la vida o enfermedad incurable del feto, previa autorización de un comité clínico de especialistas.
De la mesa del Consejo de Ministros, adelantado al ser el viernes festivo en Madrid, sale un cambio de concepto y de modelo. De la despenalización parcial de la ley de 1985, al reconocimiento del aborto como un derecho de la mujer; del tutelaje a la libre decisión con garantías y «sin descuidar la protección a la vida prenatal», dijo la ministra Bibiana Aído. Ninguna mujer irá a la cárcel por abortar. Sí quienes practiquen abortos ilegales. El Código Penal será modificado y también la ley de Autonomía de Paciente. Las chicas de 16 y 17 años no necesitarán permiso paterno o materno para interrumpir su gestación.
La futura norma se tramitará en el Parlamento después del verano con nombre y apellidos, Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. La verdadera novedad estriba -”recalcó la titular de Igualdad-” en ese primer título, de Salud sexual y Reproductiva, porque su objetivo último es triple. «Salvaguardar la dignidad de la mujer», subrayó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, dar respaldo legal los profesionales sanitarios y, sobre todo, luchar contra el incremento de embarazos no deseados y abortos -”112.000 abortos en 2007-”. La Alta Inspección Sanitaria velará para que todas las comunidades garanticen el derecho a abortar, bien en centros públicos o derivando hacia clínicas o centros privados, pero siempre sufragado por las arcas públicas.