Ni seguro ni cursillo: no te puede obligar el Gobierno

«Es una ley precipitada, hecha al trote, no se ha escuchado a nadie, lo llevaban todo decidido... así ha salido». Lo resume el presidente del Consejo de Veterinarios de Castilla y León y presidente del Colegio de Veterinarios de León, Luciano Díez. La entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar animal , este 29 de septiembre, lo hace en medio de lagunas y un barullo de dudas legales. Tanto que hasta el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha tenido que publicar una nota informativa.

El departamento que dirige Ione Belarra se ha visto obligado a salir al paso y aclarar que todos los puntos que necesitan un desarrollo reglamentario de la Ley 7/2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y bienestar de los animales no son aplicables. Es decir, que no son obligatorios este viernes 29 de septiembre. Entre ellos, dos de los aspectos más polémicos y que más consultas han provocado: tener un seguro obligatorio y el cursillo para tener mascotas.

«Es que la ley no especifica el importe que tiene que tener el seguro del animal para cubrir la responsabilidad civil», apostilla Luciano Díez. «Tampoco establece quién ni cómo hay que hacer el cursillo, así que...». El presidente de los veterinarios deja la respuesta en el aire.

«La obligatoriedad de contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por parte de las personas físicas o jurídicas tenedoras de perros, establecida en el artículo 30.3 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, entraría en vigor el 29 de septiembre de 2023, de acuerdo con su disposición final novena. Si bien, en puridad de términos jurídicos, no resulta efectivamente aplicable hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de dicho precepto, de conformidad con lo dispuesto en el mismo», dice la nota del ministerio que dirige Podemos.

«En relación con otras obligaciones reguladas en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, que requieran desarrollo reglamentario, tales como la realización del curso de tenencia responsable o la identificación de animales incluidos en el listado positivo, que no sean de las especies perro, gato y hurón, serán aplicables una vez entre en vigor el citado desarrollo reglamentario», añade la nota.

Aunque se recomienda, no hay por qué tener seguro. La mayor parte de las pólizas de hogar lo contempla. Habitualmente por un importe de 30.000 euros. Si la letra pequeña no dice nada en contra, no sería necesario comunicar a la aseguradora que se tiene animales domésticos. Aún así, los consorcios de seguros en León aseguran que las consultas se han disparado y, también, las contrataciones de pólizas.

El seguro obligatorio no lo es, de momento, y tampoco el cursillo. Hay otros puntos que sí son de obligado cumplimiento. Desde este viernes, los gatos deben tener chip y además estar castrados cuando tengan seis meses. No se podrá tener como animales de compañía artrópodos, peces y anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo grave para la integridad física o la salud de personas y animales, reptiles venenosos y todas las especies de reptiles que en estado adulto superen los dos kilogramos de peso, excepto en el caso las tortugas, todos los primates y los mamíferos silvestres que de adulto superen los 5 kilos.

Pero la ley no ha desarrollado tampoco al completo el llamado listado positivo de animales de compañía y qué pasará con aquellos ejemplares que viven en cautividad con anterioridad a la ley ni quién se hará cargo de ellos. En el registro de animales de compañía de la Junta, el Siacyl, figuran 556.000 perros censados en la Comunidad, más de 105.000 en León, 3.400 gatos en la provincia y 267 hurones pero también hay de conejos, aves, jabalíes y hasta un camello y un dromedario.

La ley estipula, y hay que cumplir desde mañana, que no se puede tener de manera habitual a perros y gastos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos o patios. Y, desde este 29 de septiembre, tampoco se les puede dejar en los coches. Se prohíben los collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo. Los perros de manejo especial, antes conocidos como ppp (perros potencialmente peligrosos), tendrán que disponer de medidas de seguridad suficientes para evitar fugas o agresiones, pero no se especifica cuáles.

En las tiendas ya no se podrán comprar perros, gatos ni hurones, que deberán adquirirse a criadores autorizados, con contrato de compraventa y deberá además comunicarse al Registro de Animales de Compañía como  máximo tres días después de su compra. Los perros y gatos deberán tener como mínimo dos meses antes de ser separados de su camada.

Queda prohibido el sacrificio de animales salvo por motivos de seguridad y la eutanasia se aplicará sólo para evitar el sufrimiento.

Si una perra queda preñada de manera accidental, su dueño debe inscribirse en el registro como animal reproductor, una medida que trata de controlar el futuro de los cachorros e impedir el sacrificio de las camadas.

Todos los ayuntamientos de la provincia deberán tener un servicio de recogida de animales abandonados  las 24 horas del día y, además, un servicio veterinario municipal de atención continua día y noche para atender animales atropellados o heridos, lo que les obliga a tener una dotación presupuestaria.