La rebelión de los veterinarios

El Ministerio de Agricultura ha puesto en pie de guerra a los veterinarios. La nueva regulación del uso de medicamentos ha provocado una rebelión en las clínicas y centros veterinarios del país, en torno a 80 centros sanitarios veterinarios en la provincia de León, incluyendo clínicas, consultorios y hospitales. “Somos los primeros interesados en garantizar el buen uso de los medicamentos y, de manera especial, de los antibióticos”, alza la voz Blanca María Blanco, presidenta de Ceve León, la máxima representante de la Confederación Empresarial Veterinaria Española en la provincia y miembro de un grupo de trabajo para la modificación de la ley del medicamento. “Compartimos con el Ministerio la necesidad de un uso responsable de los antibióticos”, dice Blanco. “Como hemos estado haciendo hasta ahora”, apostilla. Hasta ahí toda la coincidencia.

El enfado de Blanco es el de toda la profesión veterinaria que se dedica a pequeños animales. Creen que la norma es “desproporcionada”, “crea riesgos para la vida del paciente”, sobrecarga de tareas burocráticas a las clínicas veterinarias, exige pruebas con un coste inasumible para los dueños de las mascotas, puede provocar retrasos en tratamientos urgentes y, sobre todo, limita su capacidad de decisión clínica.

Exigen al Ministerio que paralice su aplicación de manera inmediata. Piden una revisión urgente de esta norma, un control más eficiente y práctico y “medidas que garanticen el bienestar animal por encima de la burocracia”. Han puesto en marcha una recogida de firmas en redes sociales y la plataforma change.org, el martes cerraron sus clínicas durante una hora en protesta, el Colegio Oficial de Veterinarios de León ha enviado una carta al ministro, preparan una concentración en Ifema durante el congreso de Amvac (la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía) en Madrid para el día 28 de febrero y han solicitado una reunión con la Junta a través del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León.

Hay una queja larvada desde hace tiempo. Sostienen que el Ministerio desprecia el criterio médico de los veterinarios. El 'lex artis' al que se refiere el presidente del Colegio de Veterinarios de León y de Castilla y León, Luciano Díaz, la manera en la que un profesional de la sanidad -humana o animal- aborda el tratamiento de sus pacientes. “Saben lo que necesitan, saben lo que es más conveniente aplicar”, apostilla Díez.

Los veterinarios denuncian que la norma limita su criterio profesional. “No nos permite prescribir el tratamiento más adecuado sino aquellos que la burocracia aprueba”, recrimina la presidenta de Ceve León.

La aplicación de la ley -el Real decreto 666/2023- afecta directamente a los dueños de mascotas. No es sólo un problema de los veterinarios. La legislación divide en cuatro grupos los antibióticos. Alguno son prácticamente imposibles de utilizar si el veterinario no realiza cultivos y pruebas que justifiquen su uso, lo que encarece ya de entrada el tratamiento. Pero, además, debe empezar primero por prescribir los dos grupos de antibióticos ‘autorizados’ aunque sepa de antemano que no van a dar resultado basándose en su experiencia profesional, en su conocimiento de la profesión veterinaria, su criterio sanitario, la literatura veterinaria, ensayos clínicos y pruebas de laboratorios. 

Todo esto no le basta al Ministerio. Una pérdida de tiempo que puede comprometer la vida de un animal. Peor aún si la infección, por ejemplo, es en un órgano interno en el que no es posible hacer un cultivo. Se obliga entonces a realizar una ecografía o un tac, abrir al animal para extraer una prueba, enviar al laboratorio, esperar los resultados y luego aplicar el tratamiento.

“¿Qué hacemos si la infección está en la boca?, de todos los gérmenes y bacterias que pueden proliferar allí, qué le pedimos al laboratorio que aisle?”, pregunta de manera retórica una profesional veterinaria de León.

En riesgo la vida de los animales

“El Ministerio nos obliga a utilizar el sistema Presvet y a justificar la necesidad de uso de cada antibiótico que utilicemos o prescribamos y nos obliga a pautar primero un antibiótico del grupo D, si no funciona pasaríamos al grupo C y así sucesivamente. Todo esto puede derivar en que un proceso patológico grave o urgente que se podría haber solucionado con unos días de un determinado antibiótico o combinación de varios o bien no se solucione o fallezca el paciente mientras esperamos los resultados de las pruebas que justifiquen su uso”, dicen los veterinarios. Y recuerdan que “los antibióticos restringidos del Grupo A no se utilizan nunca en veterinaria -están reservados a uso humano-, siendo los más utilizados en nuestra profesión los de los grupos D y C” y que no llega ni al 1 por ciento -es el 0,8%- el uso general de antibióticos en pequeños animales de todos los que se recetan en España.

 “Han trasladado las medidas de los animales de consumo humano, de la ganadería, a las mascotas directamente, sin tener en cuenta nada mas”, denuncian. “Desconocen la realidad diaria de la clínica veterinaria de las mascotas, las medidas del Ministerio no son compatibles con la práctica clínica diaria”.

Reprochan además que la nueva norma “crea riesgos para la vida del paciente” al impedir “tomar decisiones de forma rápida y justificada”.

“Deberíamos poder priorizar siempre la vida y el bienestar del paciente. Nuestro código deontológico y nuestra ética profesional así nos lo pide”, advierten.

Los medicamentos sólo se pueden aplicar ya para lo que indica la ficha técnica, para lo que señala el prospecto, de manera que si un médico veterinario considera que ese mismo fármaco es adecuado para un tratamiento que no se especifica en el impreso no lo puede prescribir.

“Coarta totalmente nuestro criterio profesional”, explica Blanca Blanco. “Limita la toma de decisiones basadas en el criterio profesional, sin tener en cuenta que la elección del antibiótico o tratamiento adecuado en cada paciente debe ser del profesional veterinario, que está perfectamente cualificado para determinar qué antibiótico debe administrar o prescribir en cada momento, a qué dosis, para qué indicación y la duración del tratamiento”, sostienen Ceve y el Colegio de Veterinarios de León y de la comunidad autónoma.

El Real Decreto 666/2023, que ha entrado en vigor a principio de año, establece la obligación de registrar electrónicamente todas las prescripciones de antibióticos a través de la plataforma Presvet. Alega el ministerio de Luis Planas que es para mejorar la trazabilidad de los medicamentos y combatir la resistencia a los antimicrobianos.

El efecto contrario

Los veterinarios sostienen sin embargo que es “contraproducente” para el fin que se busca. “Genera problemas en la gestión de los excedentes de medicamentos”, denuncian. “Obliga a dispensar una cantidad mínima de medicamentos que los propietarios tendrán que ir a comprar luego en la farmacia o en las comercializadoras con la receta del veterinario”. Como no se permite la venta fraccionada y el formato de los envases no se ajusta al tratamiento prescrito para la mascota, se favorece la acumulación de fármacos sobrantes “e incluso la automedicación” por lo que se consigue el efecto contrario que busca el real decreto. “Habrá menos control y, por lo tanto, se corre el riesgo de no reducir la resistencia a los antibióticos e incluso aumentarla”, explica el presidente de los veterinarios de la Comunidad.

En el desastre administrativo interviene una intrincada red de dos leyes -la 666/2023 y la Ley de Garantía Sanitaria- y una disposición europea -Reglamento UE 6/19- que se entrecruzan, un galimatías legal que afecta directamente a los veterinarios y que ha terminado impactando en sus pacientes.

Mascotas: tratadas como un artículo de lujo al 21 % de Iva

El colectivo se queja de que las sanciones previstas para quienes no cumplan la ley es “absolutamente desproporcionado”, lo que ha provocado la indignación del sector. Además, denuncian que los servicios que prestan siguen gravados con un IVA del 21 %, “como si nosotros y los llamados animales de compañía fuéramos un artículo de lujo”. Una carga impositiva que encarece la atención veterinaria y que afecta a los propietarios a los mascotas, por lo que exigen estar exentos del IVA.

Reprochan al Gobierno que no considere a los veterinarios centros sanitarios “o que lo hagan solamente para lo que les interese a ellos” y reclaman un cambio en la normativa sobre la venta y prescripción de medicamentos.

Los veterinarios denuncian que con esta normativa se está dirigiendo la compra del medicamento hacia las farmacias “y esto, a parte de encarecer los tratamientos, lejos de disminuir la resistencias, las va a incrementar, ya que los sobrantes de los medicamentos van a provocar que los tutores automediquen con ellos a sus mascotas en otros procesos que crean ‘iguales’, provoquen toxicidades dando productos de perros a gatos o viceversa y si por en contrario los desechan dañen el medio ambiente”.

Europa recomienda que los medicamentos de uso animal estén controlados por los veterinarios, que tienen formación para su prescripción, modo de administración y efectos secundarios, una formación que, sostienen, no tienen los farmacéuticos, que no abordan esta materia durante la carrera. La UE diferencia los fármacos de uso humano de los de animal. “La interpretación del reglamento europeo por parte del Ministerio difiere de la del resto de Europa con respecto al uso de los antibióticos y a la dispensación de los mismos”, dicen.

Además, la ley les obliga a ser garantes de los fármacos que guardan los dueños de las mascotas en sus domicilios y a atender sólo a los animales que tienen chip ya que toda la medicación, especialmente los antibióticos, tiene que estar registrada en el sistema Presvet con los datos oficiales de las mascotas, lo que entra en conflicto con el juramento veterinario.

“Nos criminalizan”, denuncian. Y exigen al Gobierno que demuestre su confianza en los veterinarios y en su código deontológico.

“En lugar de centrarnos en salvar vidas y cuidar de nuestros pacientes, nos quieren obligar a pasar horas gestionando documentación y papeleo”, explican. “Estamos para dar un servicio médico a nuestros pacientes y no para estar tecleando en el ordenador”, zanjan.