León se alza: los gatos tienen quien los defienda

Es una movilización clave para los gatos que viven en la calle y para las personas que los cuida. Este próximo domingo 6 de septiembre, la plaza San Marcelo de León será a las 12 de la mañana el punto de encuentro de quienes exigen a los ayuntamientos de la provincia y a la Diputación el cumplimiento de la ley. La concentración forma parte de una protesta simultánea en 38 ciudades de España, impulsada por la plataforma 'Los gatos tienen ley', protectoras, gestores de colonias y ciudadanos que exigen el cumplimiento real de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales tras más de tres años de inacción institucional. En León será el domingo a las 12 de la mañana en la plaza de San Marcelo, frente a la Diputación Provincial, a quienes los convocantes señalan directamente.

Los organizadores describen como «desoladora» la realidad de la provincia de León, especialmente en los pueblos, tres años después de la ley de Bienestar Animal.

A pesar de la obligación legal de aplicar el programa de Gestión Ética de Colonias Felinas (CER, Captura, Esterilización y Retorno a la colonia), la realidad provincial muestra, denuncian en la provincia la mayor parte de protectoras, asociaciones y cuidadoras de colonias (son mayoritariamente mujeres) «un escenario muy difícil».

Salvo contadas excepciones que han comenzado a dar pasos, la gran mayoría de las corporaciones locales —especialmente en los municipios rurales— ignora la normativa. En muchos casos, dicen los convocantes de la protesta, los consistorios se limitan a cumplir el trámite formal de publicar el programa en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para inmediatamente paralizarlo, dejándolo sin aplicación ni presupuesto real.

Natividad Franco, miembro de Sacrificio Cero, gestora de colonias en la comarca del Páramo y una de las impulsoras de la protesta del domingo, pone el foco sobre la Diputación de León y el papel crucial que debe jugar la administración provincial ante la falta de recursos de los pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes. Su testimonio es contundente: «La responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los hombros de los pequeños ayuntamientos. Las instituciones de rango superior, como la Diputación de León, tienen la obligación moral y legal de intervenir, articulando ayudas económicas, redactando protocolos marco». Además, denuncia la falta de cooperación de las autoridades locales: «En mi caso hemos tendido la mano al Ayuntamiento de forma reiterada y la respuesta ha sido el silencio. Nos han ignorado por completo y no vamos a permitir que sigan tomándonos el pelo».

El movimiento 'Los gatos tienen ley' denuncia importantes carencias en su aplicación efectiva en numerosos municipios y una realidad que continúa recayendo sobre las personas gestoras: sostener con su dinero, su tiempo y su trabajo una gestión que corresponde a las administraciones «porque es su competencia y les obliga la ley, pero la incumplen sin consecuencias».

«Mientras las obligaciones legales siguen sin traducirse en una gestión pública suficiente, muchas personas gestoras continúan asumiendo de su bolsillo gastos de alimentación, esterilización, atención veterinaria y otras necesidades de los gatos comunitarios, además de aportar diariamente su tiempo y trabajo de forma voluntaria. Ese es uno de los motivos centrales de la convocatoria, estamos cansadas de sostener con recursos privados y trabajo voluntario lo que debe formar parte de una política pública», esgrimen.

A esta carga económica y de trabajo se suma en muchos casos, denuncian además, la desprotección «frente a situaciones de hostigamiento, amenazas y conflictos con particulares, así como la falta de respuesta institucional cuando solicitamos ayuda».

«La realidad es que asumimos tareas y costes que deberían estar respaldados por políticas públicas y, al mismo tiempo, quedamos desprotegidas mientras hacemos esa labor. No sólo seguimos poniendo nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro trabajo para sostener las colonias, también tenemos que enfrentarnos a amenazas y hostigamiento de vecinos simplemente por hacer una labor que debería estar respaldada por las administraciones públicas», señala Mónica García, portavoz nacional de «Los gatos tienen ley».

La movilización reclama que las administraciones no se limiten a reconocer la existencia de las colonias felinas, sino que asuman efectivamente su gestión y protejan a las personas que colaboran en ella frente a situaciones de acoso, amenazas o impedimentos para desarrollar su labor. «El voluntariado y el conocimiento de las gestoras son fundamentales, pero colaborar con la Administración no significa sustituirla», advierten.

La protesta cuenta con el respaldo institucional del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León. Pilar Rúa, vocal de Pequeños Animales, incide en que aplicar la ley «no es una opción de bienestar menor, sino un asunto prioritario de coexistencia».

«El CER y el control sanitario e identificaciones de gatos y gatas es una cuestión no sólo de bienestar animal, también de sanidad pública y convivencia ciudadana... La ley establece un marco claro pero si ayuntamientos e instituciones no destinan los recursos necesarios y no ejecutan la normativa, el modelo no funciona», sostiene Rúa.

El Colegio Oficial de Veterinarios estará presente en la concentración de León.

En la provincia conviven realidades muy distintas. El Ayuntamiento de Villaquilambre ha destinado un presupuesto de 18.000 euros para el programa CER en el municipio, que tiene 70 colonias y 50 cuidadores. Sin embargo, señalan responsables de El Carro de Freya, «la urgencia de atender a 300 gatos recogidos en lo que va de año y costear tratamientos médicos ha agotado estos fondos. Ahora todo corre de nuestro bolsillo».

El Ayuntamiento de Ponferrada, señalan desde Peludines sin Suerte, también está cumpliendo con campañas de esterilización, que ha beneficiado ya a 400 gatas callejeras. Por el contrario, en los pueblos del alfoz de León y la gran mayoría del entorno rural leonés, la inactividad de los ayuntamientos obliga a colectivos vecinales y protectoras a asumir de forma privada la gestión y la salud de los animales que viven en la calle.

Las voces de protesta

El descontento de los colectivos se refleja con fuerza en las declaraciones de sus portavoces, quienes denuncian la ineficacia administrativa y el desinterés político.

Desde la Asociación Huellitas del Esla, que trabaja en Mansilla de las Mulas y su entorno y gestiona el bienestar de cerca de 200 gatos comunitarios, denuncian la gravedad de la situación en los pueblos. «En el medio rural, la crueldad y la desidia hacia los animales alcanzan niveles desgarradores... exigimos firmeza: es imprescindible aplicar sanciones ejemplares y severas a todas las instituciones y consistorios que incumplen de forma sistemática con sus deberes legales. Sin una voluntad política real ni un régimen sancionador estricto, nacer animal en nuestros pueblos seguirá siendo una condena a la desprotección absoluta».

Y desde El Carro de Freya se hace un llamamiento directo a la ciudadanía para romper lo que consideran una «complicidad del silencio» y denunciar de forma activa el maltrato.

El Bosque de Sury, uno de los grupos de ayuda a animales más activos de la provincia, denuncian la inexistencia en la mayor parte de los pueblos de un plan CER. «Así que, ante la inactividad de los ayuntamientos, lo hacemos en el grupo». Llevan esterilizados más de mil gatos y gatas. «No recibimos ayudas oficiales, todo se hace con el dinero que se pone en el grupo», dice Daniel Martínez Muñoz, alma de este grupo de Whatsapp.

El Ayuntamiento de León no se libra de las críticas. «Suspendieron el programa CER porque alegaban que no tenían dinero y se quedaron tan panchos. Durante meses no esterilizaron a ningún gato de la ciudad y no pasó nada pese a que la ley les obliga», denuncian cuidadoras de colonias de la capital.

Mónica García, portavoz nacional de 'Los gatos tienen ley' incide en otra cuestión clave: la enorme carga emocional y física de quienes realizan esta tarea voluntariamente en León y en el resto del país.

«La movilización del 6 de septiembre persigue dignificar la labor de las personas gestoras, quienes actualmente sostienen con su propio dinero, tiempo y trabajo las tareas de alimentación, esterilización y atención veterinaria de los felinos. Esta labor, que según la normativa estatal corresponde a las administraciones competentes en el marco de sus políticas públicas, es asumida de forma voluntaria para evitar el abandono de los animales», denuncian.

La movilización resume su reivindicación en una frase: «No pedimos una nueva ley, exigimos que se cumpla la ley que ya existe».