Vidas libres de sujeciones

Una atención libre de sujeciones. La resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales publicada el 28 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece el nuevo modelo de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la que para los requisitos de acreditación comunes a todos los servicios está una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, y también libre de coerciones. «El reconocimiento de la dignidad y la promoción de la autonomía de la persona debe ser el eje vertebrador de la atención y apoyos a todas las personas», dice la norma en el título III.

Los centros sociosanitarios de León se preparan para adaptar su atención a esta nueva regulación con planes de actuación que deberán ser aprobado por la Inspección antes del 30 de junio de 2025. En algunas residencias estos planes ya están muy avanzados y otras están en el proceso de dar formación al personal que trabaja en los centros sociosanitarios.

Antes de la publicación de esta normativa, la Fiscalía General del Estado publicó una instrucción en la que señalaba la obligación y la competencia de los fiscales para solicitar a los centros los protocolos obligatorios diseñados para garantizar que en las residencias no se usen ya métodos de sujeción, con la ficha individual de cada usuario del centro. «Todas las sujeciones que se hagan tienen que quedar registradas», asegura el fiscal provincial Francisco Javier Gutiérrez. «La legislación establece que no se implante sujeción salvo que haya un peligro inmediato para esa persona u otras personas, y siempre que hayan fallado otros medios, con prescripción médica, autorización de la persona y, si no es posible, con la de algún familiar, y durante un tiempo determinado», explica el fiscal. «Esta decisión deberá comunicarse al ministerio fiscal y vigilancia y consignarse la supervisión del tiempo establecido». Todas las sujeciones que se utilicen, justificadas, deberán quedar registradas por la causa de prescripción y el tiempo.

El fiscal Francisco Javier Gutiérrez ha solicitado desde enero el protocolo a sesenta residencias de la provincia de León, sin que hasta el momento haya detectado irregularidades. «Si yo detecto que no se está cumpliendo la normativa o un hecho delictivo, puedo presentar una denuncia y ponerlo en conocimiento de los servicios sociales por si procede una sanción administrativa o penal. De momento, creo que lo están haciendo bastante bien».

El ritmo de adaptación de las residencias es desigual. El departamento jurídico de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte) lleva un año trabajando para adaptarse a la norma con la formación de los profesionales. La mayoría de las personas que viven en las residencias superan los 85 años, son mujeres y tienen pluripatologías y deterioro cognitivo. «Después de un ingreso hospitalario, hay pacientes que regresan con una dependencia sobrevenida. En los hospitales a veces utilizan las sujeciones porque en los centros sanitarios no está regulado. Se hace con buena intención, para proteger a los pacientes que a veces se arrancan las vías. Cuando llegan a las residencias los familiares tienen miedo y piden que se mantengan esas sujeciones, pero hay casos en los que no siempre son necesarias. Lo que sí es necesario es una inversión muy fuerte para adaptar las camas, poner controles en las sillas de ruedas y otros dispositivos de alerta. Pero sobretodo, formación. Las familias, con toda su buena intención, pueden llegar a utilizar en sus casas estas sujeciones que estamos eliminando en las residencias. Hay que saber movilizar al paciente para evitar escaras, por ejemplo. Los familiares, en el afán de cuidarlos bien, cometen errores».

Pero ¿cómo se suprimen las sujeciones? Todos los sectores implicados coinciden en que el éxito está en la formación. Rubén Martín, director de Investigación de la Fundación María Wolff que ha dado formación ya a 20 centros de León, enseña a los profesionales a manejar los problemas del comportamiento relacionados con el uso de fármacos. «Son las sujeciones más difíciles de quitar y están relacionadas con una conducta problemática. Los psicofármacos están muy vinculados a las caídas. No se puede atar a la gente, hay que utilizar medidas más respetuosas con los derechos de las personas. Nosotros hemos demostrado que una vez que quitamos las sujeciones se caen menos». La formación incide en la intervención psicosocial multicomponente y en demencias. «La formación es para que eviten que esos comportamientos ocurran y si ocurren cómo remediarlos».

«Sujeciones cero». Ese es el lema desde hace años de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma). Su presidente, Javier García no entiende que haya que disminuir «hay que quitarlas todas porque son una falta de respeto, un trato indigno que se acerca al maltrato». García critica que aún se puedan utilizar estos métodos «a criterio del médico, que es muy subjetivo. Tendría que quedar muy claro que no puede haber sujeciones. España es el país europea donde más sujeciones se utilizan, era más cómodo y las familias ni se lo planteaban». Ceoma ha ayudado a 400 residencias de España a preparar los protocolos de actuación «y hemos quitado todas las sujeciones sin incrementar el personal ni cambiar la infraestructura, sólo enseñando a los profesionales alternativas para cada persona».

La organización analiza los puntos de más riesgo de caída, utilización de sedantes para dormir, andadores, pasillos, puertas, la tonalidad de las luces en las habitaciones, indicadores de presencia. García también coincide en que la reducción de los fármacos sedantes evita un mayor número de sujeciones «porque la gente cambia su conducta». «Si a ti te dejaran atada tres horas en una silla lo normal es que te alteres. no está en la naturaleza del ser humano estar sujeto ni atado, por eso hay que estudiar cada residecia porque es más grave que se lastime por estar atado y querer desatarse que el que se caiga. Para conseguir eso tienen que esta en la misma línea de actuación las empresas, los profesionales y las familias porque muchas veces se tiene miedo a que las familias denuncien si se produce una caída».