José Antonio, antes Pablo Iglesias, antes Gran Vía «...habiendo ya pasado por aquí la Falange...»

«Se decide la incautación del edificio llamado Casa del Pueblo, sito en el casco de la ciudad de León a la Gran Vía de San Marcos, llamada después Avenida Pablo Iglesias y actualmente Avenida José Antonio Primo de Rivera; y a la plaza llamada antes de la República, anteriormente Circular y ahora de Calvo Sotelo». Los cambios de denominación en los registros de la propiedad sirven perfectamente para rastrear la historia de la ciudad en los convulsos años de la república, la Guerra Civil y la dictadura; y el cambio de nombres en las calles y plazas en función del régimen político dominante marca igualmente los avatares de una gran casa del pueblo que la Agrupación Socialista de León soñó y construyó para la ciudad, aunque prácticamente no pudo disfrutarla. El 17 de julio de 1937 la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado acordó la incautación definitiva de la finca que pertenecía a los socialistas leoneses y que habían levantado con tantas ambiciones como dificultades económicas. Fines distintos La historia de la Casa del Pueblo, que durante la mayor parte de su vida acogió fines bien distinitos a aquellos para los que había sido concebida, comenzó en febrero de 1910, cuando se adquirió un solar de 700 metros cuadrados para edificar la sede del «domicilio de la Agrupación Socialsita y de las sociedades de resistencia que sigan su orientación en esta capital». En 1914 se solicita el permiso de obra, y la condonación de los derechos «porque contribuirá a defender la cultura de las clases trabajadoras». En noviembre de 1931 los socialistas leoneses hipotecan el solar para concluir el gran edificio, 150.000 pesetas a devolver en 20 años al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León. Cinco años después, en 1936, tiene que intervenir la dirección nacional socialista para permitir la venta de la Casa del Pueblo a la Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias: incapaces de satisfacer la deuda de 140.000 pesetas con la caja, la casa, valorada en 300.000 pesetas, estaba a punto de salir a subasta. Hogar Obrero publicaba la noticia: «Los proletarios leoneses habían hecho esfuerzos inimaginables para saldar la hipoteca vencida que gravaba su edificio, no lo consiguieron...» Aunque finalmente «no les fue arrebatado por la burguesía su domicilio social». Después de su incautación, el delegado sindical en León, Ponciano Pérez, tomó posesión del edificio en octubre de 1939: dos meses después, por decreto de la Presidencia de Gobierno, se inscriben a favor de la Delegación Nacional de Sindicatos todos los bienes que con anterioridad al 19 de julio de 1936 figuren inscritos en el Registro de la Propiedad como de las agrupaciones sindicales y organizaciones de carácter obrerista». Casi durante 35 años cumplió aquella Casa del Pueblo funciones sindicales bien distintas a aquellas para las que había sido creada; hasta que en diciembre de 1973 se solicita la demolición del edificio, «de planta baja, primera y segunda, destinado antiguamente a las oficinas del periódico Proa, para la construcción de una nueva casa sindical provincial». En febrero de 1975 se adjudicó la nueva obra a la Constructora Asturiana, por más de 96 millones de pesetas. Edificios, solares, cuentas bancarias,... Pero sobre todo mesas y bancos, algunos sellos y banderas, libros de actas. Todo «muy usado», según las diligencias judiciales. Eso fue lo que encontraron los jueces que por orden de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes rastrearon en abril de 1937 las pertenencias de los partidos, organizaciones y sindicatos declarados ilegales por el «glorioso movimiento». Se hicieron con las paupérrimas pertenencias de la mayoría de ellos, y con otras más suculentas de unos pocos privilegiados, en 24 ayuntamientos de la provincia. Las diligencias, la mayoría escritas a mano por los secretarios de juzgado de entonces, han sido recopiladas en la Fundación 27 de Marzo, que dirige en Valderas Fermín Carnero. Rastrear los documentos deja constancia de las incipientes formas de organización de los trabajadores en la provincia, de la voracidad de una comisión que persiguió a través de numerosos escritos cinco pesetas que suponía se habían encontrado en Prado de la Guzpeña; y de cuáles eran los bienes más preciados de aquellas organizaciones «de extremistas», más allá de las fincas y las casas. Una máquina de escribir, que resultó estar en manos de la Junta de Justicia del Estado, en Burgos; y una máquina de proyecciones del Sindicato Minero Castellano de Villaseca de Laciana, que fue destrozada a martillazos y sus «inservibles restos» abandonados. Eso y la evidencia de que en la mayor parte de los casos cuando llegaron los jueces los falangistas locales se habían llevado ya cuanto de valor pudiera haber en las sedes de las organizaciones ilegalizadas. En Santas Martas, por ejemplo, se incautaron los bienes de la Federación de Trabajadores de la Tierra, que fueron subastados y las 139,8 pesetas obtenidas ingresadas en la Suscripción Nacional. Dos calderos, un valde, dos porrones, una cuartilla, potas, dos cencerras,... Lo más caro, dos camas con somier. Y un colchón que se entregó a las Mujeres Españolas para los hospitales. Quedó en depósito un piano manubrio, por el que nadie pujó. En San Miguel de las Dueñas se tomó declaración a numerosos vecinos, unos pertenecientes al Frente Popular de Izquierdas y otros como José Fernández del Pino a la Sociedad de Trabajadores de la Tierra-Campo Libre; o José Menéndez, de Izquierda Republicana. Sus pocos muebles estaban ya en el cuartel de la Falange. En Villaverde de los Cestos y Matachana declararon los dirigentes del Partido de los Trabajadores de la Tierra y del Partido Obrero Socialista, que tenían poco más que una bandera («adquirida por esctote entre todos ellos») y libros; y un sello del Sindicato Agrario Socialista de Castropodame. Apareció también Nemesio García, presidente del Partido Republicano Radical Socialista. De Horizonte a Proa En Astorga, el Cuerpo de Seguridad del destacamento intervino 90 pesetas al tesorero de Izquierda Republicana y mesas y bancos (ya en el cuartel de Falange) al Centro Obrero. También el mobiliario de la casa del pueblo, que fue repartido por los cuarteles. Buena parte de los trámites se centraron en localizarlo, pero también en determinar qué parte de la maquinaria del periódico ilegalizado Horizonte había ido a parar al diario del movimiento Proa, en la capital. Fue una máquina Marioni de platina con motor eléctrico, otra Minerva Tip-Top con motor y una perforadora. En Pozuelo del Páramo se incautó la casa de UGT, tasada en 125 pesetas; y en Saludes de Castropodame una casa valorada en 175 pesetas, de la Sociedad Obrera La Justicia, más sus bienes. También fueron registradas a nombre del Estado las propiedades de la Sociedad Obrera de Mansilla de las Mulas, incluida una construcción en el campo de la Ermita. Pero fue en zonas como Sabero y Olleros de Sabero donde se incautaron más locales. Los de UGT en La Monja, y de la CNT en La Herrera. Todo se lo había llevado ya la Falange, según el jefe local, Casimiro García, «ante las dificultades de alojamiento de sus tropas». En Bembibre se incautó la casa del pueblo, y en San Román los bienes del Partido Socialista de Oficios Varios. Uno de los edificios con una valoración más alta fue la casa del Centro Minero Castellano de Matarrosa del Sil, tasado en 12.000 pesetas. Sin embargo, la propiedad quedó finalmente en manos de la Caja Leonesa de Previsión Social, que había concedido una hipoteca de 18.000 pesetas al 5% de interés a seis años para terminar las obras. En Prado de la Guzpeña se incautó una casa del pueblo de 84 metros cuadrados, y se reclamaron cinco pesetas que supuestamente se habían encontrado al Sindicato Minero Castellano. Casa del pueblo tenía también San Adrián del Valle, aunque no se encontraron mobiliario ni bienes; y a medio construir quedó la de Ponferrada en el barrio de La Puebla, una finca en la que se protegieron con celo 400 bloques de hormigón. Era un «edificio social para diferentes agrupaciones socialistas del Bierzo». También hubo casa del pueblo en Albares de la Ribera, una del Centro Minero Campesino y otra del Centro Socialista, donde se registraron como bien las bombillas. Santa Cruz de Montes perdió su local del Centro Socialista; y en Valdevimbre hubo de buscarse en el cuartelillo lo poco que poseía la UGT. En Valderas la casa del pueblo, hoy sede de la Fundación 27 de Marzo, fue enseguida destinada a cuartel de la Falange. Más de 600 metros cuadrados que funcionaban entonces como centro social y como teatro. La misma suerte corrió la casa del pueblo de La Bañeza, dedicada a escuelas; y la asociación La Cultural Paramesa, cuya lista de asociados fue enviada a la Delegación de Orden Público. Igual que los libros de la Unión General de Trabajadores de la Tierra de Villar del Yermo. En Villager la casa del pueblo fue quemada, pero el solar y otro de 800 metros cuadrados contiguo fueron registrados a nombre de la comisión de incautación; como la casa del pueblo de Villaseca. En Toral de los Vados, donde tenían sede Izquierda Republicana y el Sindicato de Obreros del Cemento, y estaba aún sin funcionar un centro de la CNT, el bien más perseguido fue la máquina de escribir portátil Royal que acabó en Burgos.