Denuncia contra Ramón por el abandono que sufre Ozuela

Un vecino de Ozuela, Bernardo Cuadrado Pacios, ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia contra el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y el concejal de Medio Ambiente, Pedro Fernández, por un supuesto delito de dejación de funciones. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, este vecino de este pequeño pueblo del Ayuntamiento sin Junta Vecinal insta al fiscal a que acuerde el correspondiente procedimiento civil y la práctica de diligencias.

Según expone Bernardo Cuadrado Pacios, «el pueblo de Ozuela, prácticamente en su totalidad, está envuelto en la maleza y lleva sin desbrozarse más de veinte años». La denuncia contra Olegario Ramón se justifica justo en «la cruda realidad» de que se pueda producir «una desgracia en cualquier momento, por un incendio». «El señor alcalde, además de no atender los mandamientos de la ley en cuanto a formas y plazos, está colaborando a que esto pueda llegar a suceder», explica este vecino, que recuerda que la Ley es «concisa y rotunda» a la hora de la obligatoriedad del desbroce, «y en caso de no hacerlo, la responsabilidad del propio Ayuntamiento de llevarla a cabo»

«El resultado es que practicamente la totalidad de las viviendas del pueblo se encuentran rodeadas de una vegetación sumamente exuberante. Si bien, la mayor parte de la maleza se encuentra en fincas privadas, el Ayuntamiento, según la Ley vigente, está obligado a solventar esta situación tan anómala. Situación que al Ayuntamiento, en la persona de su máximo responsable, no parece importarle».

En la denuncia, este vecino, Bernardo Cuadrado Pacios, hace mención también a la visita que llevó a cabo el alcalde, el 17 de junio de este año, en la que se comprometió verbalmente, según la denuncia, «a solventar el problema del riesgo de incendio mediante la realización del desbroce, además de otras necesidades solicitadas». Sin embargo, en octubre, recibió otro correo en el que, desde Alcaldía, se le deriva el caso al alcalde de barrio, «olvidando la ley vigente que protege de manera escrupulosa el derecho de cualquier vecino de dirigirse al Ayuntamiento para cualquier solicitud y la obligación del Ayuntamiento en contestarle en un plazo no superior a 45 días». La denuncia hace alusión también a la situación del coto de caza de Ozuela ya que la autorización de explotación, según este vecino, «se ha realizado de manera aparentemente punible», ya que la documentación aportada no se correspondió con los requisitos necesarios.

Este periódico se puso ayer en contacto con el gabinete de prensa de Ramón, sin éxito.