Fabero pide a la Junta que acabe 22 viviendas sociales para desahuciados
El Ayuntamiento de Fabero se sumó el pasado jueves a la lista de municipios que se declaran antidesahucios. La medida aprobada en sesión plenaria no sólo implica que el Ayuntamiento se compromete a pagar un alquiler social y a eximir del pago de impuestos como el IBI. También añade una petición a la Junta de Castilla y León para que reanude la edificación de las 22 viviendas de protección oficial iniciadas en la zona de El Souto, interrumpida a finales de 2011 debido a los problemas económicos de la empresa constructora. El Pleno aprobó solicitar a la administración autonómica que destine las viviendas, una vez acabadas a familias que hayan sufrido un desahucio. El alcalde, el popular José Ramón Cerezales, recordó que el Ayuntamiento cedió en su día los terrenos a la Junta, pero «se aplicaron módulos similares a los de San Andrés del Rabanedo y las viviendas resultaban más caras que las de los constructores privados de Fabero. Por eso, y al margen de los problemas de la constructora, la gente se echó para atrás», relató.
El Pleno aprobó, con la abstención del PP, una moción contra la nueva Ley del Aborto.
El alcalde también dio cuenta al pleno de la denuncia de la empresa Frisfaber, que se considera estafada por la anterior corporación tras adquirir una parcela en el polígono industrial y que amenaza con recurrir a la vía judicial para denunciar una supuesta falsedad en documento público. Los técnicos examinarán el expediente, aunque ayer, los concejales de Izquierda Unida también distribuyeron una nota para dejar constancia de la queja de la empresa, que se considera perjudicada por la ubicación de la parcela.