El Procurador urge a la Junta agilidad en la protección del patrimonio industrial

Tres días antes de que la Junta de Castilla y León ordenara la paralización de la demolición de las torres de refrigeración de la central térmica Compostilla II para declararlas Bien de Interés Cultural (BIC), el Procurador del Común emitió una resolución por la que insta a la Consejería de Cultura y Turismo a que agilice los procedimientos de declaración de BIC del patrimonio industrial pendientes e inicie lo antes posible los que han de garantizar la protección de aquellos bienes que «por su singularidad, así lo merezcan», recoge el informe que cita expresamente elementos como el lavadero de carbón y la línea de baldes de La Recuelga (Santa Cruz del Sil), el poblado de Compostilla (Ponferrada) y las ferrerías de A Portela de Valcarce (Vega de Valcarce) y Serviz (Barjas), entre otros.

Aunque reconoce que los pasos dados en los últimos años por la Administración autonómica para la protección de este tipo de patrimonio, con obras de rehabilitación que demuestran que hay «compromiso con la dignificación del patrimonio industrial»; no pasa por alto la lentitud en la tramitación de las solicitudes de protección. Hasta una quincena están actualmente pendientes de resolución en toda la Comunidad, según la información facilitada por la propia Consejería de Cultura.

Por ello, el Procurador respalda la queja que dio pie al inicio del expediente por «la falta de una protección jurídica efectiva del patrimonio industrial» de y pide a la administración competente que «impulse con el mayor esfuerzo posible las medidas que permitan preservarlo y ponerlo en valor, en particular el surgido de la importante actividad minera». Así mismo, la emplaza a «elaborar una completa documentación del legado que constituye el patrimonio industrial y promover el desarrollo de las zonas en las que se ubican los elementos patrimoniales, en coordinación con las demás administraciones públicas y con el resto de entidades implicadas en las actividades de las que proceden los bienes».

La resolución emitida por el Procurador del Común también recoge el perjuicio que la desprotección de los bienes legados de la actividad minera de valor patrimonial supone para ellos mismos y para los territorios en los que se localizan, ya que limita el acceso a las subvenciones destinadas a su rehabilitación.

Inmuebles ferroviarios

Una segunda resolución del Procurador del Común emitida también en los últimos días centra el tiro en los bienes inmuebles ligados al ferrocarril que tienen un valor especial pero que han sido abandonados por quedar en desuso u obsoletos. Cita el complejo ferroviario de La Placa (Ponferrada), la estación del ferrocarril de Palacios del Sil y el conjunto de la estación del ferrocarril de Cuevas del Sil, entre otros.

En este caso, insta a la Consejería de Cultura y Turismo a «llevar a cabo una específica identificación temática de los bienes inmuebles y conjuntos integrantes del patrimonio industrial ferroviario, promover la materialización del nivel de protección que a dichos elementos debiera corresponder y contribuir a ponerlos en valor». Considera, además, posibles usos, como la exposición e interpretación del fenómeno ferroviario o la explotación de servicios hosteleros y de restauración. Y pone como ejemplos la estaciones de Espeja (Salamanca) y Rabaneda (Burgos).