El Consejo de Cuentas cierra con 30 informes aprobados y suma 95 en el mandato
El Consejo de Cuentas ha cerrado el ejercicio 2022 con la aprobación de un total de 30 informes, cifra que supone el segundo mejor dato anual de toda la serie histórica de la institución, después del récord alcanzado en 2021 con 32 fiscalizaciones. Durante el presente mandato se han realizado un total de 95 informes, lo que representa el 35% de los 268 acumulados en los veinte años de existencia del órgano de control externo autonómico.
El presidente de la institución, Mario Amilivia, compareció en ocho ocasiones en las Cortes de Castilla y León para la presentación de 36 fiscalizaciones, número que representa otro hito en la actividad del órgano de control. Hay 21 informes aprobados pendientes de que la Comisión de Economía y Hacienda vuelva a convocar comparecencias, tras el paréntesis correspondiente a la tramitación de la normativa presupuestaria.
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones que emite el Consejo de Cuentas, el reciente análisis referido a los informes de 2021 refleja un grado de aceptación por parte de las entidades fiscalizadas del 75%, porcentaje que comprende tanto aquellas que se han cumplido total o parcialmente, como las que han sido tomadas en consideración. Es la segunda mejor ratio alcanzada por el órgano de control externo después del 81% obtenido en el año 2020.
trabajos de fiscalización
A la espera de que las Cortes de Castilla y León aprueben el Plan Anual de Fiscalizaciones para 2023 elaborado por el Consejo de Cuentas, la actividad prosigue en la actualidad con un total de 20 fiscalizaciones en proceso de elaboración, 8 correspondientes al sector público autonómico y otras 12 sobre las entidades locales de la Comunidad.
Durante 2022 el Consejo de Cuentas celebró su vigésimo aniversario con la organización de diferentes actividades para continuar divulgando su actividad al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León.
En el marco de la conmemoración, Mario Amilivia reiteró la necesidad de reformar la Ley reguladora del Consejo para este pueda aprobar su propio plan anual de fiscalizaciones sin depender, como ocurre en la actualidad, de la decisión última de las Cortes.