El Día del Orgullo LGTBI también distancia a Mañueco y al PP de Vox en Castilla y León
Mañueco ensalza la «ejemplar» lucha por sus derechos y hace un llamamiento expreso a no rendirse «cuando las luchas son justas»
Tudanca y la pancarta en las ventanas de las Cortes. TWITTER
Los gestos y la visión sobre el Día del Orgullo LGTBI y la lucha de este colectivo por sus derechos separaron ayer de nuevo a los socios del Gobierno de Castilla y León, PP y Vox, en una jornada marcada por la polémica generada por la negativa del presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), a iluminar la sede y por la colocación de la bandera arcoíris por parte del PSOE en sus despachos y en la fachada de las Cortes de CyL a través de las ventanas de las oficinas que ocupan en la sede del Parlamento autonómico. Los socialistas además no acataron la orden de Pollán de retirar esa bandera.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ensalzó ayer la «ejemplar» lucha del movimiento LGTBI por sus derechos e hizo un llamamiento expreso a no rendirse «cuando las luchas son justas».
Fernández Mañueco lanzó este mensaje de apoyo al colectivo LGTBI a través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter, en la que se hace eco de la conmemoración este 28 de junio del Día del Orgullo LGTBI.
«La lucha del movimiento LGTBI por sus derechos ha sido ejemplar», asevera el presidente al inicio de este mensaje, en el que añade que «los derechos y las libertades de todas las personas son la base de nuestra sociedad y de nuestra convivencia».
«Esta celebración nos recuerda que no podemos rendirnos cuando las luchas son justas. #DíadelOrgulloLGTBI», concluye el presidente de la Junta, que gobierna en Castilla y León junto a Vox, partido que preside el Parlamento autonómico y que ha rechazado iluminar la sede de las Cortes con los colores de la bandera LGTBI con el argumento de que la sede del Legislativo sólo se ilumina «para visibilizar causas más desfavorecidas y vulnerables de la sociedad actual».
El mensaje de Mañueco no sólo coincide con la polémica suscitada en las Cortes de Castilla y León ante la decisión de su presidente, Carlos Pollán (Vox), de no iluminar la fachada del edificio con los colores de la bandera arcoiris, símbolo de este colectivo de personas, sino que supone el quinto revés que el presidente de la Junta da a su socio de Gobierno en una semana.
Primero lo hizo sobre el alcance de los millonarios recortes del Diálogo Social —Gallardo tuvo que recular y matizar que la supresión de 20,3 millones de euros en un claro castigo a los sindicatos y, de paso, también a la patronal no eran sólo en subvenciones directas—. Luego Mañueco se ausentó junto con todos sus consejeros del PP del minuto de silencio convocado por Gallardo por el crimen de un hombre a manos de su pareja en Villagarcía de la Vega, un pueblo de León, un acto al que sólo asistieron los consejeros de Vox, que niegan la violencia machista sobre las mujeres y la quieren asimilar a la intrafamiliar. La tercera fue la defensa a ultranza que el presidente de la Junta hizo de los órganos consultivos —en Castilla y León el Consejo de Cuentas y el Consultivo—, unas instituciones que Gallardo y su partido dicen que son «gastos supérfluos» y apuestan por hacerlos desaparecer. La cuarta vez fue el lunes, al referirse a las declaraciones de Gallardo, que atribuyó a la banalización del sexo —la «hipersexualización» según su expresión— la «despoblación latente» en territorios como Castilla y León y que «cuando se olvida que la finalidad principal del sexo es la procreación, hay personas que se liberan de las cadenas que supone la familia y el matrimonio para dedicar su existencia a satisfacer sus deseos sexuales».
Pese a este nuevo varapalo a Vox, Mañueco tranigió con que no se pusiera la bandera en las Cortes. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, expresó ayer el «respeto» de la Junta por la decisión del presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox)Carriedo precisó que en España «el poder ejecutivo es controlado por el legislativo y no al revés». Y añadió: «Por lo tanto no le corresponde al ejecutivo controlar la labor del legislativo si bien el Gobierno autonómico tiene claro el trabajo por la igualdad, por la cohesión social y por apoyar a las personas que más lo necesitan».
No obstante, Carriedo puntualizó que el Gobierno también tiene la obligación de ser respetuoso con la tarea que corresponde al Parlamento».