viernes. 03.02.2023
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Rosa Valdeón, trasladó ayer, durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, el rechazo de la Castilla y León a la Ley de Dependencia elaborada por el Gobierno, ya que «no garantiza la igualdad puesto que la financiación no es igual para todas las comunidades autónomas y dependerá de la capacidad financiera de cada una de ellas». La Junta entiende que el anteproyecto de texto normativo «no reconoce un auténtico derecho de ciudadanía, ni crea el cuarto pilar del estado de bienestar». El Gobierno autonómico defiende la necesidad de esta normativa, aunque no en los términos planteados por el Ejecutivo que dirige Rodríguez Zapatero, porque no define el contenido de los derechos, y lo deriva a posteriores acuerdos políticos. En una nota de prensa, explican que «más que una Ley parece un convenio marco entre administraciones, define someramente objetivos, remite casi todo a acuerdos posteriores y dice que cada parte pondrá la mitad de la financiación». Lesiva para la comunidad En este sentido, la Junta asegura que el texto abre la puerta no a un sistema nacional sino a 17 subsistemas, en función de la negociación política del Gobierno, por separado, con cada comunidad, lo que «plantea una gran incertidumbre y no garantiza la equidad». La Junta cree que el anteproyecto «es potencialmente lesivo para los intereses» de la comunidad, porque «castiga el esfuerzo y a las comunidades» que como Castilla y León «han alcanzado mayores niveles de cobertura.

La Junta anuncia su rechazo a la futura Ley de Dependencias
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