Diario de León

El millonario recorte al Diálogo Social en Castilla y León despierta un aluvión de críticas

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, argumenta su decisión pionera en España de recortar las ayudas a los agentes sociales (20,3 millones) para destinar esos fondos "a políticas prioritarias"

Juan García-Gallardo, en segundo término, y el consejero de Agricultura, Mariano Veganzones. NACHO GALLEGO

Juan García-Gallardo, en segundo término, y el consejero de Agricultura, Mariano Veganzones. NACHO GALLEGO

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El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo , ha anunciado por sorpresa   la reducción de subvenciones a sindicatos, patronal y agentes sociales en general por importe de más de 20 millones de euro s. Apenas un mes después de su constitución, el Gobierno de coalición empieza así a cumplir uno de los puntos estratégicos del acuerdo de legislatura, consistente en recortar de manera significativa el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales, así como la supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y utilidad para los ciudadanos. El anuncio ha levantado ampollas entre la oposición política.

También se implementarán mejoras de la eficiencia del gasto, mediante la transformación en concurrencia competitiva de las subvenciones directas gestionadas por los mismos actores y que no estén afectadas por las anteriores medidas, según ha informado el propio vicepresidente a través de un comunicado oficial. Europa Press añade en una de sus informaciones que se "eliminarán las aportaciones al Serla y la Fundación Anclaje  quedará absorbida por la Administración".

Según indicó el vicepresidente en rueda de prensa, el objetivo de la Junta para el próximo presupuesto 2022-2023 pasa por reducir en no menos de un 50% el dinero público que reciben los agentes sociales en Castilla y León. La primera Consejería en dar forma a este compromiso es la de Empleo, Comercio e Industria, con un plan de recorte pionero en España que revisa todas las partidas públicas entregadas a los agentes sociales. El titular de la Consejería, Mariano Veganzones, se encargó de detallar junto a García-Gallardo tanto los conceptos que se recortan a la mitad como los que desaparecen.

Los 4.000.000 de euros que hasta ahora han recibido CCOO, UGT y CEOE en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León quedarán rebajados a la mitad en el próximo presupuesto. Las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales , otros 3.600.000 millones de euros que también recibían CCOO, UGT y CEOE, se suprimen por completo . El dinero ahorrado se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función.

También se eliminan al 100% las subvenciones, 160.000 euros, a las cuatro cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales .

Otro capítulo de dinero público dedicado hasta ahora a agentes sociales que se revisa es el de las subvenciones para la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo. En concreto, 12.000.000 para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante . Casi 14.000.000 de euros con los ahora se promoverán cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas, lo que garantiza su adecuación a las necesidades del mercado laboral.

En total, con el primer programa de ajuste que presentó el vicepresidente de la Junta los agentes sociales de Castilla y León dejarán de recibir 20 millones de euros pagados por los contribuyentes, "con el compromiso de invertirlos en políticas sociales de atención prioritaria , que ayuden a los ciudadanos en un momento de particular dificultad económica como la que atraviesa España".

Para García-Gallardo este es un acuerdo sobre el que el Gobierno de coalición ha mostrado “su absoluta convicción” al tratarse de uno de los puntos que suscribieron tanto PP y Vox para la conformación del Ejecutivo. El vicepresidente –además– ha subrayado que con esta medida se empieza a cumplir el compromiso de recortar “en al menos un 50% el gasto público institucional que no acredita su beneficio para los ciudadanos” y ha destacado que “el montante ahorrado se destinará a políticas sociales de atención prioritaria”.

Por su parte, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha detallado los diez ejes que vertebran esta primera reducción de las subvenciones a sindicatos, patronal y demás agentes sociales de más de 20 millones de euros . Veganzones ha puesto el foco en “la alta demanda de los cursos de formación diseñados por las propias empresas con compromiso de contratación de al menos el 50 por ciento de los alumnos”.

Recortes también para las asociaciones agrarias

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León prevé "algún recorte" en las ayudas que concede a las organizaciones agrarias y ganaderas , en la línea de lo anunciado ayer por el vicepresidente Juan García-Gallardo sobre la supresión de ayudas a los agentes sociales por 20 millones.

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas , nombrado por Vox, ha anunciado este martes en Salamanca que su departamento está estudiando las ayudas para el próximo año y que las ya concedidas para 2022 continuarán "con normalidad".

Dueñas ha asegurado a preguntas de los periodistas que su Consejería va a analizar "lo que se prioriza a nivel de ayudas directas o publicidad institucional".

Aun así, ha agregado que "sí" tienen la intención de realizar "algún recorte" para dedicar esas cantidades "a otros temas del mundo rural".

Este recorte iría en la línea de lo avanzado ayer por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de suprimir las ayudas económicas a los agentes sociales -sindicatos y patronal- por un importe total de 20 millones de euros.

Tudanca

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, considera que la reducción de gasto "superfluo e ineficaz", por importe de 20,3 millones de euros, que hasta ahora se destinaba a organizaciones sindicales y empresariales anunciadas por el vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo suena a "venganza" por el acuerdo en Siro.

"A la misma hora en la que se firma el acuerdo que salva miles de empleos en Siro. Acuerdo en el que han sido claves los sindicatos e inútil la Junta. Suena a venganza. Es intolerable. Y Mañueco y el PP cómplices después de haber incrementado el número de asesores y altos cargos", ha señalado a través de su cuenta en Twitter de la que se hace eco Europa Press.

 

En este sentido, el procurador de Ciudadanos, Franciso Igea, asegura también en su cuenta de Twitter que esta medida viene derivada de lo "mal que le va la campaña" a la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona y por eso utiliza al Ejecutivo autonómico para intentar "impulsarla". "Utilizan las instituciones en mitad de una campaña desastrosa. No puede durar un segundo más. Tenemos un Gobierno que es una charlotada permanente donde se utilizan de manera partidista los intereses de Castilla y León. Hay que cesar al vicepresidente y también al presidente porque no gestiona esta ópera bufa en la que se ha convertido la Junta", ha señalado.

 El exvicepresidente de Castilla y León Francisco Igea, único parlamentario de Cs en la actual legislatura, ha manifestado este lunes en Twitter que el Gobierno de la Comunidad, compuesto por PP y Vox, "no debe durar un día más".

"Anunciar un acuerdo de gobierno inexistente es el colmo de la deslealtad y la desfachatez. Lo terrible es que lo acabamos pagando los ciudadanos de la Comunidad", ha expuesto Igea.

"Mañueco, de rodillas y con él todo @popularesCyl", ha agregado el procurador de Cs en esta red social. Igea ha hecho estas afirmaciones después de que la Junta de Castilla y León haya anunciado la supresión de ayudas a los agentes sociales -sindicatos y patronal- por un importe total de 20,3 millones de euros, dentro del acuerdo de legislatura suscrito entre PP y Vox en la Comunidad.

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