domingo. 27.11.2022

El padre de Olivia exige al TSJ ceses por contar la pena por malos tratos

Eugenio García fue condenado a 9 meses por violencia machista y eso impidió darle la custodia
                      Eugenio García durante el funeral de Olivia. PABLO MARTÍN
Eugenio García durante el funeral de Olivia. PABLO MARTÍN

Los abogados que representan procesalmente a Eugenio García, padre de la niña de 6 años presuntamente asesinada por su madre en Gijón hace unas semanas, presentaron ayer un escrito en el que reclaman al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) una «rectificación», «disculpas» y ceses ante el comunicado que publicaron la pasada semana y en el que se informaba del proceso judicial de divorcio y de una sentencia condenatoria al progenitor por violencia machista, por malos tratos sobre su exmujer y madre de la pequeña.

Los letrados Daniel Labrador e Ignacio Blanco explicaron ante la sede del Alto tribunal en Burgos, que consideran esa comunicación como una «inexplicable injerencia» en la que «se ha podido vulnerar los derechos» de su representado con «un intento de blanquear el asesinato de la pequeña Olivia, de sólo seis años», pues el padre se vio «señalado ante la opinión pública por un delito de maltrato».

Acusan así al TSJCyL de publicar una información «sesgada —»sin relatar el calvario judicial del señor García o el archivo de multitud de acciones ejercidas por la madre»—, interesada y presuntamente adulterada», lo que entienden que provocó que algunos medios de comunicación publicaran informaciones que titulaban «un giro inesperado» en la investigación del presunto asesinato de la niña cuando «lo que hay es un presunto asesinato a manos de la madre, y no cambia nada».

Los abogados aseguraron que la Ley Orgánica del Poder Judicial ampara la presentación de una queja ante el CGPJ y también advirtieron de que podrían denunciar al TSJCyL ante «la Agencia Española de Protección de datos».

Eso sí, recalcaron que si el presidente del Alto tribunal, José Luis Concepción, atiende el requerimiento, rectifica públicamente, «y reconoce los incumplimientos en este asunto, pide disculpas por el dolor moral que ha causado al padre y a toda la familia y se toman medidas para cesar o hacer dimitir al responsable de los incumplimientos», ellos no seguirán adelante con sus acciones porque no pretenden «hacer escarnio».

En cualquier caso, aseveraron que «la más alta Institución judicial tiene que tomarse muy en serio, muy objetivamente, estos procedimientos» pero afirmaron «no comprender todavía» la «injerencia» que supone para ellos la publicación del citado comunicado emitido «sólo dos días después de enterrar a la pequeña Olivia».

«Deberíamos estar hablando solo del presunto asesinato de una niña de seis añosa a manos presuntamente de su madre», apostillaron.

«No vamos a tolerar ningún tipo de injerencia en el presunto asesinato de la niña, mucho menos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien debería haberla protegido y no dedicarse ahora a atacar a su padre, al que adoraba», añadieron, tras mantener que se han cometido «errores» en los tribunales al respecto de este proceso.

Por ello, reiteraron la petición de «un análisis de conciencia» en la sociedad y en los operadores judiciales porque consideran que en los procesos de divorcio y de violencia «el interés superior del menor se subordina al interés de las partes» y no lo contrario que es lo que entienden que sucede en estos procesos.

«Es intolerable y acaban sucediendo cosas como éstas, cuando lo que tenemos que proteger es a los niños», añadieron después de subrayar que si hubiera sido «al revés» y un hombre hubiera asesinado presuntamente a su hijo de seis como letrados estarían «haciendo exactamente lo mismo».

Ante las preguntas de los medios de comunicación consideraron que «la política está haciendo daño en estos procedimientos» y «en algunas ocasiones no se tratan objetivamente los hechos que se detectan».

El TSJCYL confirmó que Eugenio García fue condenado en febrero de 2020 a 9 meses de prisión por violencia machista por unos hechos que ocurrieron en 2008, antes de que la madre pidiera el divorcio, y eso impidió darle antes al padre la custodia.

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