miércoles. 17.08.2022
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La bolsa española cede por la caída de la banca, a la que el Estado español impondrá un impuesto sobre beneficios durante dos años. ALTEA TEJIDO

El nuevo impuesto a las grandes empresas energéticas gravará con un 1,2 % sus ventas y el de la banca aplicará un tipo del 4,8 % sobre sus comisiones e intereses netos, según se desprende de la proposición de ley registrada este jueves por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

De acuerdo a este texto, las nuevas prestaciones afectarán a los resultados de los ejercicios 2022 y 2023, que se abonarán en el mes de septiembre del año siguiente, con un pago a cuenta del 50% del total que se abonará en febrero.

Estos pagos no podrán deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente, algo que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -en colaboración, en el caso de la banca, con el Banco de España- y cuyo incumplimiento podría suponer sanciones por el 150 % del importe repercutido.

Estos impuestos, con los que el Gobierno pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años para ayudar a sufragar el coste de las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, tendrán un carácter temporal y extraordinario.

El Gobierno prevé reunirse este viernes con el sector empresarial para informar de la medida, que afectará a una veintena de empresas.

Los tributos tienen amparo en el artículo 31.3 de la Constitución, ya que se materializan como prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, igual que la aportación que ya realiza la banca por sus activos fiscales diferidos.

Sector energético

Las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019 tendrán que abonar por este impuesto un 1,2 % del importe neto de la cifra de negocios anual correspondiente a 2022 y 2023.

La obligación de pago nace el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50 % del importe total en el mes de febrero.

Quedarán excluidos del pago de la prestación -que prevé recaudar 2.000 millones anuales- los grupos cuya parte energética supone menos de la mitad del importe neto de su cifra de negocios.

Es decir, que solo abonarán la prestación los operadores energéticos considerados principales a efectos de la CNMC: cifra neta de negocios de más de 1.000 millones en 2019 y que la parte energética sea su actividad principal.

Esto supone que la prestación va a recaer básicamente sobre grupos fiscales, lo que implica que se limitará a grupos fiscales españoles -sin afectar a las operaciones intragrupo ni a las filiales en el exterior- o empresas independientes.

Sector bancario

Por lo que respecta a la prestación bancaria, que pretende recaudar 1.500 millones anuales, gravará el margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas- con un tipo del 4,8 %.

Al igual que en el tributo energético, la obligación de pago nace el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50 % del importe total en el mes de febrero.

La prestación será obligatoria para las entidades financieras cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superaran los 800 millones de euros en 2019.

También en este caso la prestación se limitará en esencia a grupos fiscales, lo que implica que quedan fuera las operaciones intragrupo y no se gravarán las comisiones e intereses obtenidos mediante filiales en el exterior.

En ambos casos se trata de prestaciones finalistas, que afectan a los sectores que más beneficios están obteniendo y van a obtener como resultado de la inflación, lo que permitirá al sector público adoptar medidas paliativas.

Estas prestaciones pretenden reforzar la contribución de energéticas y entidades financieras al pacto de rentas, que de otra manera sería inferior al del resto de empresas porque el peso de sus costes de personal es menor y también el peso del IVA. 

"Muy vigilante"

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha hecho hincapié este jueves en una rueda de prensa en que el partido va a estar "muy vigilante" con la banca y las energéticas ante la posibilidad de que trasladen el nuevo impuesto al consumidor final. Echenique ha añadido que las multas, que en este caso pueden alcanzar hasta el 150% del importe cobrado al consumidor, tienen que existir para que se devuelva el dinero sustraído, aunque considera que se podría haber incluido un nuevo delito en el código penal.

"Veremos cómo funciona el mecanismo que se ha pactado. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que si esa práctica, que atenta contra el interés general, se lleva a cabo, que haya mano dura. Si vemos que no funciona y que llevan a cabo estas prácticas podo edificantes, vamos a seguir insistiendo en esa mano dura", ha incidido.

Echenique considera que esa concepción de que se van a trasladar los impuestos a los ciudadanos es un "mantra" que se usa "para convencer a la gente de que no se pueden tocar los privilegios de los que mas tienen".

Además, cree que "no puede ser" que la consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, o el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, "se rían de la gente", cuando tienen sueldos millonarios y hay ciudadanos que no llegan a fin de mes.

En cuanto a la tramitación de estos impuestos, el portavoz de Unidas Podemos ha informado de que la toma en consideración de proposiciones de ley tiene lugar en periodo ordinario, con lo que se empezarán a tramitar a partir de septiembre.

"Lo que está pasando hoy es, nada más ni nada menos, que la democracia. El gobierno de la mayoría, de la gente trabajadora, diciéndole al 1% mas privilegiado que tiene que cumplir los artículos 128 o 131 de la Constitución española", ha subrayado.

Patxi López: "El Gobierno reparte los costes de la crisis"
Por su parte, Patxi López ha manifestado su "alegría" por estrenarse como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en rueda de prensa con la presentación de la proposición de ley de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, a las grandes energéticas y a los grandes bancos del país, y ha defendido que el Gobierno no solo debe redistribuir "de manera justa" la riqueza de un país y ayudar "a quien más lo necesita" y al sector productivo, sino que "cuando vienen mal dadas" tiene que repartir los costes de la crisis.

"No puede ser que cuando atravesamos una crisis, sus consecuencias recaigan siempre sobre las mismas espaldas y la desigualdad se multiplique de manera obscena", ha afirmado. "Este Gobierno está demostrando que hay una salida de la crisis mucho más justa y mucho más equitativa", ha defendido.

El PSOE ha insistido en justificar los nuevos impuestos temporales a la banca y a las energéticas en los "beneficios extraordinarios" que estarían obteniendo ante el aumento de los precios de la energía y las subidas de tipos de interés. Lo que busca el Gobierno es que estas empresas "aporten parte de esos beneficios a la solidaridad común".

En este sentido, ha apuntado al pacto de rentas, un instrumento para "luchar" contra la inflación. En cuanto a las protestas que han generado los dos gravámenes, López ha indicado que provienen de los mismos que "dijeron que la reforma laboral iba a destruir empleo" y, en cambio, hoy la EPA del segundo trimestre refleja que hay 20,5 millones de ocupados en España, la cifra más alta desde 2008.

"Son los mismos que nos dijeron que la subida del SMI iba a hacer que los empresarios no contrataran. Son los mismos que cuando tuvieron problemas, las entidades financieras, llamaron a la puerta de 'papá Estado' para que les arreglara los problemas con 60.000 millones de euros. Son los mismos que socializan siempre las pérdidas y privatizan los beneficios. Pues hasta aquí, no cuela. Les corresponde aportar su parte de solidaridad", ha afirmado.
Sobre la reforma fiscal, ha recordado que el Gobierno tiene encargado un estudio sobre esta cuestión en la que "sigue trabajando", pero ha afirmado que "hay cuestiones que corregir".

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