Diario de León

Cos recomienda ir con la UE para aprobar la tasa ‘Google’

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El gobernador del Banco de España ha advertido sobre las denominadas ‘tasas Google y Tobin’, que se están tramitando en este momento en el Congreso, que el «alto grado de integración» internacional de la economía española y la posibilidad de que algunas bases imponibles puedan desplazarse «con una relativa facilidad», sugiere la conveniencia de alcanzar «un cierto grado de coordinación» con el resto de los países en la introducción de estos impuestos para evitar la aparición de «desventajas competitivas» y la «deslocalización de ciertas tareas».

Así, espera que las negociaciones en el seno de la OCDE sobre un nuevo impuesto digital deberían servir para fijar unas «condiciones comunes mínimas» para una eventual introducción ordenada de esta figura impositiva, al menos en el ámbito de las principales economías avanzadas, que se transpondrían después a la legislación española una vez se aprobaran. Por el lado del gasto, ve conveniente incrementar el peso relativo de aquellas partidas relacionadas con la acumulación de capital humano y tecnológico, así como priorizar la inversión pública en innovación, al tiempo que apuesta por establecer un mapa claro de prioridades y mejorar la eficiencia del gasto público en todas sus rúbricas. A corto plazo, el Banco de España apuesta por una «actuación decidida» en materia fiscal, que dé una respuesta «ágil y contundente», dirigida a contener las rentas de los hogares y de las empresas en el corto plazo y a reducir el riesgo de un deterioro persistente de la capacidad de crecimiento de la economía. Así, afirma que en el corto plazo podría ser necesario prolongar el estímulo fiscal, de un modo focalizado y orientado a los agentes y sectores más afectados por la crisis, e incluso indica que puede ser preciso extender alguna de las medidas ya implementadas para hacer frente a la pandemia o introducir otras nuevas.

«Si este fuera el caso, es fundamental que las decisiones adoptadas traten de maximizar el impacto de los recursos públicos comprometidos.

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