Los desahucios de hipotecas con suelo, nuevo problema para la banca

j. m. camarero | madrid

Para rizar aún más el rizo del conflicto de las hipotecas, a las entidades financieras que aplicaron cláusulas suelo en parte de sus préstamos se les abre un nuevo frente judicial si ejecutaron en su momento esas viviendas como consecuencia del impago de sus titulares. Porque a la devolución de las cantidades cobradas de más por la limitación de los tipos se puede unir una anulación de ese desahucio, al estar ligado a una hipoteca con condiciones consideradas como abusivas por parte del Tribunal de Luxemburgo.

Un juzgado de primera instancia de Barcelona forma parte del grupo de tribunales que ya se encuentran tramitando las demandas de clientes afectados por esta circunstancia. En este caso, se trata del usuario de una antigua caja de ahorros a quien se le aplicaba la cláusula suelo y al que se le acabó arrebatando su inmueble como consecuencia de la morosidad acumulada al no poder abonar los recibos. Además, fuentes de otras entidades han confirmado la recepción de este tipo de denuncias, aunque ninguna ha conseguido aún un fallo a favor del cliente perjudicado, pues se encuentran pendientes de un pronunciamiento.

Es posible que parte del millón y medio de ciudadanos salpicados por las cláusulas suelo podrían haber sido protagonistas de alguna de las más de 500.000 ejecuciones practicadas entre los años 2011 y 2016, según los últimos datos del Consejo del Poder Judicial.

Al verse despojados de su vivienda, estos hipotecados argumentan ahora que al aplicar la nulidad de los suelos, por razones como la falta de transparencia, «la propia ejecución hipotecaria también puede ser considerada nula», sostiene Gregori Ferrer, uno de los abogados que lleva el caso de unos perjudicados en Cataluña.

Aunque, una vez llegado el caso de que algún juez anulara una ejecución hipotecaria sería complejo que le restituyera la vivienda al propietario -porque ya podría haber sido adjudicada por la corporación a otro titular-, los despachos de abogados consultados indican que la banca podría enfrentarse a la posibilidad de indemnizarles por el valor inmobiliario que se determine en cada caso.

También sostienen que el banco tendría que devolver las costas asociadas al desahucio, que suponen en torno a un 10% del proceso. Y, en cualquier caso, si se consigue esa anulación, los letrados consideran que «se puede solicitar una compensación por daños y perjuicios», sostiene Ferrer.

A falta de que se publique alguna sentencia en este sentido, los letrados consultados recuerdan que la actitud de algunos bancos ha sido la de avenirse a negociar en los casos en los que iban a liquidar una vivienda por impago, cuando ésta se encontraba garantizada por una hipoteca cuyos intereses se encontraban limitados en su parte baja, cobrando más dinero del que inicialmente le correspondería.

Varios expertos juristas explican que cuando algunas entidades iban a ejecutar una vivienda y los abogados impugnaban esa decisión por contar con una cláusula considerada abusiva, la entidad finalmente aceptaba esa reclamación.